El barrio de San Francisco, en Las Palmas de Gran Canaria, vive una situación límite. Así lo denuncia Manuel Jesús Santana, vecino de la zona, en una carta remitida a distintas administraciones públicas en la que advierte del grave deterioro urbano, los riesgos para la seguridad de los residentes y los problemas de salud pública que se acumulan en el entorno.

En el escrito, dirigido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Gran Canaria, el vecino lamenta el “incumplimiento constante de las promesas municipales” y la “desidia y negligencia” del Ayuntamiento capitalino, al que acusa de no haber ejecutado el prometido estudio sociológico sobre el estado de las viviendas ni los informes de seguridad solicitados a Bomberos y Urbanismo.

Abandono

Las deficiencias son múltiples y persistentes. El barrio, construido como promoción de viviendas del extinto Patronato Francisco Franco, arrastra décadas de abandono, con infraestructuras deterioradas, fugas constantes de aguas fecales, humedades, hongos y malos olores. Estas condiciones, advierte el vecino, podrían estar vinculadas a los episodios de contaminación que han obligado al cierre de la playa de El Confital en varias ocasiones.

A los problemas sanitarios se suman los riesgos estructurales, con hundimientos y desprendimientos en los bajos de algunas viviendas que ponen en peligro la integridad física de los vecinos, especialmente personas mayores o con movilidad reducida, que además no pueden salir de sus casas por la falta de accesibilidad.

Vertidos ilegales

El escrito también señala los vertidos ilegales al barranco Guiniguada, un espacio protegido de alto valor paisajístico e histórico, cuyo control corresponde al Consejo Insular de Aguas, al que se reprocha su inacción.

Con gran parte de los residentes en situación de desempleo, precariedad o exclusión social, Santana insiste en que solo una intervención pública puede rescatar al barrio de su degradación. “Esperamos que esta vez se nos escuche”, concluye, apelando a una respuesta urgente de las instituciones antes de que el problema se convierta en una emergencia de salud pública para toda la ciudad.