El Carnaval forma parte indiscutible de la identidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero su presupuesto —que rondará los 8 millones de euros en gastos en 2026— ha reabierto un debate incómodo: qué prioridades establece una ciudad cuando decide en qué gastar su dinero público. El magistrado Tomás Luis Martín plantea una reflexión sobre el equilibrio entre la inversión en grandes celebraciones y la atención a una realidad persistente en Canarias, como la pobreza infantil y la vulnerabilidad social. No se trata de enfrentar fiesta y políticas sociales, sino de preguntarse si los recursos públicos se están utilizando de la forma más inteligente para construir una ciudad que celebre, sí, pero que también proteja mejor a quienes más lo necesitan.