La Abogacía del Estado concluyó hace meses, en un informe solicitado a razón de la supuesta cesión de infraestructuras aeroportuarias que no fuesen de interés general, que ya correspondía al Gobierno de Canarias autorizar los aeropuertos que no tienen la consideración de interés general y que la Administración General del Estado no podía seguir ejerciendo esa competencia aunque la comunidad autónoma no la hubiera desarrollado en la práctica.
Así se recoge en el convenio firmado entre la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y el Gobierno de Canarias, del que Atlántico Hoy informó hace unas semanas y que ha sido publicado este jueves en el Boletín Oficial de Canarias.
Cuando ambas administraciones anunciaron la firma del convenio, el Ejecutivo autonómico explicó que el objetivo era facilitar el ejercicio efectivo de las competencias sobre aeródromos y helipuertos de uso restringido y desbloquear la tramitación de infraestructuras pendientes, adelantando ya veladamente que la Abogacía del Estado le había dado la razón.
La competencia era ya de Canarias
El documento explica que la Dirección General de Aviación Civil consultó a la Abogacía del Estado para aclarar si la Administración General del Estado podía seguir autorizando aeródromos de competencia autonómica cuando las comunidades autónomas no estuvieran ejerciendo esas competencias en la práctica. La respuesta fue negativa.
Según recoge el convenio, la Abogacía del Estado concluyó que "no corresponde a la Administración General del Estado autorizar el establecimiento de los aeródromos de competencia autonómica" en esos supuestos y recordó que el ejercicio de las competencias es obligatorio para la administración que las tiene atribuidas. Como consecuencia, añade el texto, corresponde a las comunidades autónomas autorizar los aeródromos situados en su territorio cuando esa competencia haya sido asumida en sus respectivos estatutos de autonomía.
En el caso de Canarias, el convenio recuerda que el artículo 161 del Estatuto de Autonomía, reformado en 2018, atribuye a la comunidad autónoma la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras de transporte que no tengan la consideración de interés general, además de competencias de ejecución sobre los de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa. Este argumento fue el que sostuvo el Gobierno de Canarias cuando el Estado anunció la "cesión" de estos aeropuertos, que Fernando Clavijo, presidente canario, calificó como "bulofake".
Un convenio de coordinación, no de transferencia
El convenio firmado aclara el alcance jurídico del acuerdo firmado entre AESA y el Gobierno de Canarias. En su cláusula segunda establece expresamente que "este Convenio no implica cesión expresa o tácita de las competencias que la ley estipula para las partes firmantes". Es decir, el convenio no transfiere nuevas competencias, sino que organiza la forma en que ambas administraciones ejercerán las que ya les corresponden.
En virtud del acuerdo, Canarias asumirá la autorización del establecimiento, apertura al tráfico y modificación de los aeródromos de uso restringido, mientras que AESA continuará realizando la comprobación de las normas técnicas de seguridad operacional, las inspecciones y las funciones sancionadoras que corresponden al Estado en materia de seguridad aérea.
Procedimiento
El convenio también regula con detalle el procedimiento administrativo que deberán seguir los promotores de estas infraestructuras, establece los mecanismos de coordinación entre ambas administraciones y prevé la continuidad de los expedientes iniciados antes de la firma del acuerdo.
La publicación del texto íntegro se produce después de que el pasado mes de mayo el Gobierno central anunciara el inicio del proceso para transferir a Canarias competencias sobre aeródromos que no son de interés general, una interpretación que el Ejecutivo autonómico rechazó al sostener que esas competencias ya estaban reconocidas en el Estatuto de Autonomía y que lo que permanecía pendiente era desarrollar los instrumentos necesarios para ejercerlas.