El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha rechazado este lunes la propuesta del Partido Popular de modificar la Ley de Extranjería para facilitar el retorno de menores migrantes no acompañados a sus países de origen. El también secretario general del PSOE de Canarias considera que la medida, tal y como la plantean los populares, resulta incompatible con las garantías de protección de la infancia.
En una entrevista concedida a Hoy por Hoy Canarias, de la Cadena SER, Torres ha respondido con contundencia al planteamiento defendido por el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, durante su reciente visita al Archipiélago.
El ministro ha insistido en que la normativa de protección de menores debe prevalecer sobre las propuestas de devolución y ha acusado a los populares de generar falsas expectativas sobre las posibilidades legales de llevarlas a cabo.
Críticas al PP
Torres ha acusado al Partido Popular de "engañar a todo el mundo" con su propuesta de modificar la Ley de Extranjería y ha reclamado a la formación que explique cómo pretende ejecutar las devoluciones respetando las garantías legales.
El ministro ha argumentado que la protección de los menores migrantes no acompañados está sometida a normas nacionales e internacionales que obligan a las administraciones a garantizar sus derechos.
Para ilustrar su postura, ha recurrido al ejemplo de Italia, gobernada por Giorgia Meloni, y ha señalado que las autoridades italianas tampoco han podido devolver a menores no acompañados a Libia.
Torres ha defendido que la situación de estos niños y adolescentes no puede equipararse a la de los migrantes mayores de edad y que cualquier decisión sobre su futuro debe respetar el principio del interés superior del menor.
La propuesta popular
Las declaraciones del ministro llegan después de que Borja Sémper defendiera en Canarias un cambio de la política migratoria para priorizar el retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen.
El portavoz nacional del PP planteó que la primera obligación de las administraciones debe ser acogerlos y protegerlos, pero que posteriormente deben realizarse las gestiones necesarias para localizar a sus familias y facilitar su reunificación.
En aquellos casos en los que no fuera posible localizar a los familiares, Sémper propuso estudiar la entrega de su custodia a los servicios de protección de sus respectivos países de origen.
Los populares consideran que esta alternativa permitiría reducir la presión sobre los sistemas de acogida de territorios como Canarias, uno de los principales puntos de entrada de embarcaciones con migrantes a España.
Qué dice la ley
El debate sobre la devolución de menores extranjeros no acompañados tiene un componente jurídico relevante.
El artículo 35 de la Ley de Extranjería sí contempla la posibilidad de repatriación en determinados supuestos, pero establece garantías específicas y exige que las decisiones se adopten atendiendo al interés superior del menor.
El procedimiento puede conducir a la reunificación con su familia o a su puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen, siempre que se acrediten las condiciones adecuadas para garantizar su seguridad y bienestar.
Además, la normativa exige examinar individualmente cada situación, recabar informes de las autoridades competentes y escuchar al menor conforme a su edad y madurez.
Por tanto, la legislación no establece una prohibición absoluta de todas las repatriaciones, aunque tampoco permite devoluciones automáticas por el mero hecho de que un menor haya entrado irregularmente en España.
La controversia política se centra en la viabilidad y el alcance de los cambios que propone el PP dentro de ese marco de protección.
El reparto autonómico
Torres también ha cuestionado la posición del Partido Popular respecto a la distribución de menores migrantes entre las comunidades autónomas, un mecanismo especialmente relevante para Canarias.
La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobada en 2025, estableció un sistema de traslados obligatorios en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, con el objetivo de aliviar la presión sobre los territorios de llegada.
El ministro ha recordado que los populares votaron en contra de este mecanismo y ha cuestionado qué alternativa ofrecerían a las Islas si asumieran el Gobierno central.
En este sentido, ha advertido de que una eventual eliminación del sistema de distribución podría volver a concentrar en Canarias la responsabilidad de atender a buena parte de los menores que llegan por la ruta atlántica.
El ejemplo de Ceuta
Durante sus declaraciones, Torres también ha hecho referencia a las devoluciones de migrantes desde Ceuta hacia Marruecos.
Según las cifras expuestas por el ministro, más de 12.000 personas adultas han regresado a territorio marroquí, mientras que no se ha producido ninguna devolución de menores no acompañados en el marco de las actuaciones a las que se refería.
El responsable de Política Territorial ha utilizado estos datos para defender que existen diferencias jurídicas fundamentales entre los procedimientos aplicables a adultos y menores.
La polémica vuelve a situar la gestión migratoria y la protección de la infancia en el centro del debate político, a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, con Canarias como uno de los territorios directamente afectados por las decisiones sobre acogida y reparto de menores.
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