La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de hasta cuatro años de prisión para los principales implicados en una de las piezas del conocido como caso Mediador, una presunta trama de corrupción política en Canarias vinculada al negocio de instalaciones fotovoltaicas y el cobro de comisiones ilegales.
Entre los acusados figura el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, para quien se piden un año de prisión y tres años de inhabilitación por un delito continuado de cohecho. También se solicitan cuatro años de cárcel para su sobrino y exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes Gutiérrez, por cohecho y estafa continuada.
El 'Mediador'
La misma pena se reclama para Marcos Antonio Navarro Tacoronte, considerado el “mediador” de la red, y un año de cárcel para el empresario Antonio Bautista Prado, quien presuntamente pagó sobornos para facilitar sus negocios.
Según el relato del Ministerio Público, la trama se remonta a agosto de 2020, cuando el empresario expuso al mediador su intención de comercializar sus productos en Canarias. Navarro Tacoronte, haciéndose pasar por una figura cercana al poder, le exigió pagos en efectivo, transferencias a familiares y gastos en comisiones, comidas y servicios de prostitución.
Visitas al Congreso
Para reforzar su credibilidad, se organizaron visitas al Congreso de los Diputados y cenas con el entonces diputado Fuentes Curbelo. Parte de las dádivas incluyó un pago de 10.000 euros a una asociación deportiva dirigida por el exparlamentario. A cambio, se le ofrecieron contactos con ganaderos de Fuerteventura y promesas para mediar en expedientes administrativos, aunque, según la Fiscalía, los implicados sabían que no podían modificarlos legalmente.
La red habría cobrado hasta 6.600 euros de un ganadero a quien le habían solicitado inicialmente 200.000 euros, y después se desentendió del proceso. A otro se le ofreció falsamente recuperar una subvención de 30.000 euros. Todos estos hechos estarían sustentados en promesas de favores políticos a cambio de dinero, sin que se materializara ninguna gestión válida.
Abuso de poder
Anticorrupción concluye que los acusados abusaron de su posición pública para beneficio personal, a través de un entramado en el que se mezclaban intereses empresariales, funcionarios públicos y políticos. La petición de penas incluye también inhabilitaciones para empleo o cargo público durante varios años.
El caso Mediador, que salpica a cargos del PSOE canario, continúa bajo instrucción, con varias piezas separadas aún abiertas, entre ellas una centrada en el papel del general de división Francisco Espinosa Navas, que recibió al empresario en la sede de la Guardia Civil. Las derivaciones del caso podrían extenderse a otros ámbitos del poder institucional en Canarias.