El debate de las licitaciones desiertas ha llegado al Parlamento de Canarias. Este martes, el diputado de AHI, Raúl Acosta, ha solicitado una comparecencia a la consejera de Hacienda, Matilde Asián, para abordar el problema de empresas que no se presentan a las licitaciones. Asián ha explicado que no se puede indexar la subida del IPC a las licitaciones para que se actualicen los precios y si bien ha habido un consenso en los problemas burocráticos, la consejera ha puesto sobre la mesa el debate de si fomentar la concurrencia por parte de empresas externas o "mejorar" para que sean las empresas canarias.
Matilde Asián, cifró en el 8,9% las licitaciones públicas que quedan desiertas en Canarias. Desde su punto de vista esto se debe a las dificultades para ajustar los contratos a la realidad del mercado, especialmente durante los periodos de inflación. No obstante, defendió que la contratación pública en el archipiélago "no va mal" y anunció nuevas medidas para mejorar la planificación, la formación del personal y el conocimiento de los costes reales de los proyectos.
La consejera recordó que el archipiélago fue la sexta comunidad autónoma con mayor volumen de contratación pública en 2025, con 5.470 millones de euros distribuidos en cerca de 10.000 contratos.
La inflación tensiona las licitaciones
Asián explicó que las mayores dificultades se concentran en los contratos de obras, donde la fase de licitación "se tensiona muchísimo" cuando aumenta la inflación, ya que los costes de materiales, transporte o personal superan con rapidez las previsiones económicas incluidas en los pliegos.
La consejera recordó que la legislación estatal impide indexar los contratos al IPC, por lo que la Administración no puede actualizar automáticamente los importes de las licitaciones. En cambio, señaló que sí es posible revisar los precios cuando existan causas justificadas dentro del marco legal y vinculadas a la estructura de costes de cada contrato.
En este sentido, defendió que la planificación previa es la herramienta más eficaz para evitar que las licitaciones queden desiertas, mediante estudios económicos y técnicos que permitan fijar presupuestos ajustados a la realidad del mercado.
Más formación y un estudio sobre los sobrecostes
Entre las medidas anunciadas, Asián destacó un convenio con una entidad especializada en el análisis de los costes de la construcción, cuyos datos servirán de referencia para elaborar los pliegos de contratación.
Además, avanzó que la Dirección General de Patrimonio elaborará nuevas directrices para las administraciones públicas y que el Gobierno impulsará una mayor especialización del funcionariado en materia de contratación, al considerar que actualmente no existe suficiente formación específica en este ámbito.
La consejera también anunció que próximamente se presentará un estudio elaborado por la Universidad de La Laguna sobre los sobrecostes de las licitaciones en Canarias, con especial atención a las diferencias entre islas y a las particularidades de un mercado insular más reducido.
Asián reconoció asimismo el exceso de burocracia existente en la contratación pública, aunque recordó que responde a una normativa europea y estatal muy garantista destinada a proteger el interés general.
Acosta reclama una estrategia para evitar licitaciones desiertas
El diputado de AHI, Raúl Acosta, advirtió de que 854 licitaciones, por un importe cercano a 490 millones de euros, han quedado desiertas en Canarias, una situación que, a su juicio, retrasa inversiones esenciales para la ciudadanía. "No se trata de pagar más por pagar más, sino de pagar precios justos", afirmó Acosta, quien defendió que "un contrato correctamente preparado siempre será más eficiente que una licitación que debe repetirse dos o tres veces".
El parlamentario alertó de que en algunos sectores entre el 55 % y el 65 % de las licitaciones terminan desiertas o cuentan con un único licitador, por lo que pidió a la Consejería de Hacienda asumir un papel de coordinación con cabildos y ayuntamientos para establecer criterios comunes, ofrecer asistencia técnica, compartir modelos de pliegos y adaptar las subvenciones a la realidad de los proyectos. Como ejemplo citó la residencia de La Frontera, cuya construcción lleva siete años pendiente después de varias licitaciones fallidas.
Piden simplificar la ley de contratos
Durante el debate parlamentario, varios grupos coincidieron en reclamar una simplificación burocrática. El diputado de ASG Jesús Ramos Chinea planteó la posibilidad de habilitar mecanismos de revisión de precios en los contratos de larga duración y propuso crear un observatorio que permita analizar la evolución de los costes ante situaciones extraordinarias, como conflictos internacionales o crisis similares a la pandemia.
Por su parte, Esther González, de Nueva Canarias, consideró que la normativa "se ha pasado de frenada" por el nivel de burocracia que genera, mientras que desde Coalición Canaria, Francisco Linares aseguró que muchos ayuntamientos siguen ejecutando en 2026 obras proyectadas en 2024 debido a la lentitud de los procedimientos administrativos. “Pobre de aquel que quiera hacer una carretera que linde con un barranco porque hay que esperar el informe del consejo insular de aguas, que tarda seis meses”, apuntó en el debate.
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