La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) ha detectado que en la anterior legislatura, a manos del denominado Pacto de las flores, se presupuestaron proyectos de inversión “sin la madurez necesaria para asegurar su ejecución en tiempo y forma”. En un análisis de la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión, es decir, del capítulo VI de los presupuestos, la entidad ha detectado que se dejaron sin gastar 1.225,7 millones de euros y que se adjudicaron partidas para proyectos que no estaban “adecuadamente planificados”.
Así lo concluye el denominado Informe de fiscalización de la ejecución presupuestaria del capítulo VI “inversiones reales” de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicios 2019‑2023. La Audiencia de Cuentas realizó este informe con el objetivo de “identificar las causas del bajo grado de ejecución de los créditos consignados en el capítulo VI de los presupuestos generales de la CAC y si existe margen de mejora”.
Este hace un recorrido por los proyectos presupuestados durante este periodo y su ejecución. La primera conclusión del informe es la mejora de la ejecución de estas inversiones, que pasaron del 36,72 % en el año 2019 al 58,53 % en 2023, aunque es notablemente el capítulo con menor ejecución.
Sin madurez
“Se presupuestan proyectos de inversión sin la madurez necesaria para asegurar su ejecución en tiempo y forma”, concluye el informe fechado el pasado 30 de septiembre y hecho público en los últimos días. Apuntan que la elaboración del presupuesto en este capítulo, “está muy condicionada por las previsiones de ingresos de fondos finalistas que, generalmente, se conforman como proyectos con financiación afectada”.
Esto obliga a que se presupuesten proyectos de inversión “aunque no están adecuadamente planificados”, porque “ha de cubrirse en gastos la totalidad de la previsión de ingresos de los diferentes fondos”. El porcentaje de financiación del capítulo VI con recursos no propios ha oscilado entre el 70 y 60 por ciento del total, concluye.
Requisitos mínimos
Lo que recomiendan desde la Audiencia de Cuentas de Canarias es que para que un proyecto se ejecute "en su primer año de presupuestación" debería reunir "unas características mínimas definitorias unas características mínimas definitorias" como la redacción y aprobación de proyectos técnicos, la disponibilidad de suelo, la declaración ambiental o los estudios previos, entre otros,
“Si un proyecto de inversión se consigna en el presupuesto sin cubrir estas tareas, está condenado a alargar su ejecución más allá incluso que el marco temporal que establezca el fondo que lo financia, pudiendo dar origen a tener que devolver esa financiación afectada”, valora este informe.
Falta de personal
También han detectado que durante este periodo existían muchos proyectos de inversión que cerraron el año con un importe de obligaciones reconocidas “igual a cero euros”. También han detectado que aquellos proyectos que “no están adecuadamente planificados” tardan hasta 72 meses en contratarse su ejecución. “En algunos casos por inmadurez de los propios proyectos de inversión, y en otros porque los centros gestores carecen de unidades de contratación estables y cualificadas”, apunta.
Parte de los problemas detectados en la administración están relacionados con la forma de organizar el trabajo y la contratación. Por ejemplo, entre sus conclusiones señala el escaso personal en la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático que, aunque lo mencionan con la anterior denominación, recoge que a febrero de 2025 había en este área unos “recursos humanos muy escasos”, lo que “demora en exceso la elaboración de la Declaración Ambiental”.
Mucha dispersión
También apuntan que en la administración pública “existen una gran dispersión de unidades gestoras de contratos”, lo que “no facilita la eficacia en el desarrollo de los procesos de contratación”.
Por ello recomiendan que “con la finalidad de alcanzar unos procesos de contratación ágiles y eficaces" promover "una reorganización administrativa que concentre y especialice las unidades de contratación en un gran centro gestor de la contratación, dotándolo de recursos humanos, con la requerida formación y especialización, y los medios tecnológicos necesarios”.