La Audiencia Nacional ha autorizado a Noel Jammal Fernández, administrador de la empresa Damco Trading & Services, a viajar al Líbano para visitar a su abuela enferma, a pesar de que la Fiscalía Europea se oponía a la medida por riesgo de fuga. La propia oficina del Ministerio Público sostiene que esa compañía habría pagado comisiones presunatmente corruptas para obtener contratos del Gobierno de Canarias, inflando los precios del material sanitario vendido al Servicio Canario de Salud (SCS).
El origen de este caso se localiza en una denuncia, presentada por Alexis Gómez —administrador único de 7 Academy SL—, en la que se advierte que el Servicio Canario de la Salud (SCS) canceló un pedido a su compañía para el suministro de mascarillas —con la mercancía ya entregada en los almacenes del propio organismo público— y luego pagó el triple por ese mismo material a Damco Trading Services SL y Tanoja Services SL —un entramado de firmas que semanas después transfirió unos seis millones de euros a una compañía bajo control de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas—.
Las ganancias, la clave
Este no es el único caso por el que ambas sociedades, Damco y Tanoja, están bajo lupa. La fiscal delegada de Delitos Económicos en Las Palmas, Evangelina Ríos, ha señalado que Jammal y el propio Ramírez —junto a Lucas Bravo de Laguna y Christian Cerpa, ambos en ese momento con cargos orgánicos en Unidos por Gran Canaria— articularon un entramado para presuntamente no tributar lo debido. El Ministerio Público, en concreto, sigue la pista en las ganacias: 9,4 millones de euros.
La investigación concluye que ese dinero se transfirió después a entidades mercantiles vinculadas a Ramírez y Bravo de Laguna y relaciona a Cerpa con el destino final del dinero presuntamente malversado. Pese a ello, la Audiencia Nacional ha concluido que no hay indicios de que el acusado intente eludir la acción de la justicia.
Firme y sin recurso
El Auto 56/2025, dictado el 24 de enero de 2025 por la Sala de lo Penal (Sección 3ª), revoca la resolución anterior del Juzgado Central de Instrucción nº 1, que en diciembre había denegado el permiso de salida del país. El tribunal considera que, aunque los hechos investigados son graves, Jammal tiene un fuerte arraigo en España, lo que reduce el riesgo de fuga.
Eso sí, la autorización está condicionada a que presente billetes de ida y vuelta con fechas determinadas y que comparezca ante el juez al día siguiente de su regreso. En caso de incumplimiento, perdería la fianza y se dictaría orden de prisión y búsqueda internacional.
La decisión es firme y no admite recurso.