Existe un incumplimiento generalizado de los ayuntamientos de Canarias tanto en la obligación de planificar sus contrataciones a lo largo del año como en darles publicidad a través de la plataforma de contratación. Así lo concluye el último informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC), que analiza la obligación legal de programación de la contratación durante 2023 en el sector público local -ayuntamientos y sus entidades dependientes- y que evidencia una escasa capacidad para cumplir la ley.
“El incumplimiento de los Ayuntamientos y de sus entidades dependientes de la obligación legal de programar la contratación y darle publicidad en la plataforma de contratación y en la página web en el apartado de transparencia es generalizado”, concluye el documento, que señala que tan solo el 1% de los órganos obligados a programar su actividad contractual lo hicieron, cumpliendo también con la obligación de dar publicidad a los documentos en su web.
Incumplimiento generalizado
“Esta debilidad es sistémica y se predica tanto de la Administración local como de las entidades que de ellas dependen”, señala el informe.
De los pocos que sí programan la actividad contractual, la ACC detecta que no lo hacen antes del inicio del ejercicio en el que debe surtir efectos la contratación, ni tampoco “incorporan toda la información que debe contener la programación de la contratación”.
Programación fuera de plazo
Los únicos órganos locales que programan su contratación en Canarias son el Consejo Rector del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Alcaldía del Ayuntamiento de Tuineje, la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna y Guaguas Municipales S.A.
Además, el informe señala que ninguno de los cuatro órganos de contratación que sí programaron lo hizo en tiempo y forma, ya que “el 50% de los mismos da publicidad a su programación durante el primer trimestre de 2023 y el restante 50% lo hace en el segundo trimestre de ese año”.
Ese fue el análisis de la situación en 2023, pero en el avance del estudio de 2024 y 2025 la ACC ha constatado “una leve mejora en cuanto al número y plazo de programación”.
Falta de control y recomendaciones
Respecto al contenido que deben tener estos documentos, los ayuntamientos y entidades que sí cumplen no se han “acercado” al “número de contenidos que deben constar en una programación adecuada”, ya que el 100% se sitúa por debajo de los seis datos, lejos de los nueve requisitos exigidos legalmente, según recoge el informe.
Además, la Audiencia de Cuentas lamenta que no se pueden extraer conclusiones sobre cómo se ejecutan efectivamente las programaciones contractuales, ya que “las entidades no han elaborado los correspondientes informes de ejecución”. En general, salvo el Ayuntamiento de Tuineje, se refleja que el importe de lo programado excede con mucho lo finalmente ejecutado.
Por último, el órgano fiscalizador recomienda que las consejerías de Hacienda de los ayuntamientos establezcan un sistema específico de vigilancia sobre el cumplimiento de la obligación de programar la contratación en sus entidades dependientes en el plazo de un año. Asimismo, pide que el órgano competente en materia de contratación dicte instrucciones sobre contenido y fechas de aprobación de la programación, y que los órganos de control interno establezcan mecanismos específicos para supervisar esta obligación