La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha defendido este jueves en comisión parlamentaria el presupuesto de su departamento para 2027, que aumenta el 23,5 %, el mayor crecimiento en términos porcentuales del Ejecutivo autonómico, aunque la oposición ha denunciado recortes en partidas y programas clave.
Cuentas y agilización de la dependencia
Delgado ha destacado que el presupuesto inicial de la consejería alcanza los 1.035 millones de euros, 197,24 millones adicionales respecto a 2026, un aumento que se concentra sobre todo en la Dirección General de Dependencia, que tendrá 177,65 millones más, hasta un total de 567,15 millones.
La consejera ha afirmado que Canarias está ante "un nuevo paradigma" en los servicios sociales y ha señalado que el tiempo de tramitación de la dependencia ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 184 en octubre de 2026.
Ha advertido de que el Gobierno canario acudirá a la vía judicial si el Estado no iguala la aportación autonómica a la dependencia, como establece la reciente Ley de Dependencia aprobada en las Cortes.
Delgado ha cifrado en 391 millones de euros, un 60,9 %, el aumento de los recursos de la consejería desde 2023 si se excluyen los fondos europeos MMR, programa que ya no se aplica en 2027.
También ha respondido a la oposición que el tercer plan de infraestructuras sociosanitarias contará con financiación del Gobierno de Canarias y de los cabildos una vez que esté aprobado.
Renta de ciudadanía, infancia e igualdad
El proyecto destina 113,33 millones de euros a la renta canaria de ciudadanía y mantiene el complemento anual de 400 euros para las 43.000 personas que perciben pensiones no contributivas.
Infancia y Familia contará con 125,52 millones, un 20,04 % más, y el Instituto Canario de Igualdad dispondrá de 14,75 millones.
Según la Consejería, los créditos para las ayudas a mujeres víctimas de violencia machista serán ampliables.
Reproches de PSOE, Nueva Canarias y Vox
La diputada del PSOE Elena Máñez ha reprochado a Delgado que la pobreza se cronifique en Canarias pese al crecimiento económico y presupuestario.
Ha denunciado que se congela la renta canaria de ciudadanía y sigue pendiente el complemento de vivienda, mientras 293.000 personas, algunas con empleo, acumulan, según ha dicho, retrasos en el pago del alquiler.
Máñez ha atribuido a los fondos estatales el aumento en dependencia y el grueso del aumento presupuestario de esta área, a la vez que ha denunciado que 12.000 las personas que tienen reconocido la dependencia y siguen sin atención.
También ha denunciado que el tercer plan de infraestructuras sociosanitarias carece de dotación inicial.
En cuanto a políticas de igualdad, ha denunciado recortes a lo largo de la legislatura que hacen estas cuentas comparables a las que aplicaría Vox.
Natalia Santana, de Nueva Canarias, ha valorado la reducción de las esperas en dependencia, pero ha criticado que el Gobierno rebaje las ayudas a las víctimas de violencia machista y mantenga congelada la renta de ciudadanía en plena crisis habitacional, sin desarrollar los complementos de vivienda y educación.
También ha denunciado la congelación del plan concertado de servicios sociales con los ayuntamientos y la falta de una partida específica para aplicar la futura ley de discapacidad.
Paula Jover, de Vox, ha reconocido avances en la tramitación de los expedientes de dependencia y discapacidad, aunque ha pedido que los derechos reconocidos se traduzcan en atención efectiva en todas las islas.
Ha acusado a Delgado de desatender a las familias y de centrarse en la inclusión de los menores extranjeros no acompañados, en contra de la prioridad nacional que defiende su grupo.
La postura de los grupos del pacto y socios
Por Coalición Canaria, Miguel Yonathan Martín Fumero ha destacado el compromiso del Gobierno con las personas mayores y con discapacidad, mientras que Jana González ha valorado la reducción de las esperas en dependencia y los avances en la renta canaria de ciudadanía, y ha sostenido que el Ejecutivo está conteniendo la pobreza.
Isabel Saavedra, del PP, ha señalado que la dependencia sigue siendo uno de los mayores retos pese al aumento del presupuesto y a la reducción de la burocracia.
Ha pedido que los convenios con cabildos y ayuntamientos cubran el coste real de los servicios, que las personas dependientes tengan las mismas oportunidades en todas las islas y que la renta de ciudadanía vaya acompañada de itinerarios de inclusión.
Melodie Mendoza, de ASG, y Raúl Acosta, de AHI, han coincidido en pedir que se refuercen los servicios de proximidad.
Mendoza ha reclamado más atención domiciliaria y ha anunciado enmiendas en favor de La Gomera, mientras que Acosta ha pedido reducir aún más la lista de espera en dependencia, acercar la atención a las personas mayores y con discapacidad y mejorar la coordinación con los cabildos y ayuntamientos.
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