El borrador de dictamen de la comisión parlamentaria que investigó la compra de material sanitario durante la pandemia de covid-19 considera que la responsabilidad política no quedó saldada con la destitución como director del Servicio Canario de la Salud de Conrado Domínguez.

Esta es una de las consideraciones que presenta el borrador, que tal y como ha señalado a EFE su autor y presidente de la comisión parlamentaria, Raúl Acosta (Agrupación Herreña Independiente), es un primer texto pero el dictamen definitivo será el que apruebe el pleno del Parlamento y lo relevante será buscar soluciones para en el futuro no se produzcan anomalías.

El borrador, adelantado por los periódicos El Día y La Provincia, se comenzará a debatir el viernes y, a continuación, proseguirá la tramitación en el Parlamento de Canarias hasta que el pleno emita el dictamen final.

En el texto, Acosta se refiere al Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria del Gobierno de Canarias, que era un instrumento informal de consulta y asesoramiento, cuyas actuaciones no tenían efectos jurídicos ante terceros ni son preceptivos aunque a su coordinador (Conrado Domínguez) se le dio capacidad de gestionar contratos, un proceder, añade, "irregular a todas luces".

Comité de gestión

En el borrador se comenta que si los miembros del Gobierno de Canarias se felicitaron por el resultado de las decisiones adoptadas por el comité de gestión, "hasta el punto de que se ha achacado los buenos resultados pandémicos a su funcionamiento, es lógico que también se responsabilicen en igual medida de aquello que no funcionó".

Raúl Acosta ha apuntado que "no podemos colgarnos las medallas" por lo que sale bien y, a la vez, "rehuir la derrota", y ha añadido que en la comisión se trata de buscar si hay responsabilidad política, no penal, ya que esta última corresponde decidirlo a los tribunales de Justicia.

Para Acosta, lo relevante desde el Parlamento regional es buscar soluciones para que, como ocurrió durante la pandemia, no se paguen cuatro millones de euros a una empresa que incumplió en la entrega de mascarillas y, tras reconocer que en momentos de crisis como aquel siempre habrá errores, ha insistido en que lo que hay que hacer es adoptar medidas para tratar de evitarlos.

Actuar de inmediato

En el borrador de informe, recomienda modificar la Ley de Contratos del Sector Público, algo que compete al Gobierno central, para que, aunque se permita actuar de inmediato en situaciones de emergencia, se fortalezcan los requisitos de justificación documental.

También plantea un refuerzo de los controles en la justificación de fondos, así como revisar y mejorar los criterios de solvencia de los contratistas, con un mayor escrutinio en la capacidad técnica y financiera de las empresas contratadas, y crear un registro preventivo de empresas aptas para ser contratadas en emergencias, que demuestren cumplir con los requisitos de solvencia de antemano.

Regulación específica

Acosta ha hecho hincapié en que no parece razonable establecer un listado de empresas en el que se acredite la solvencia técnica y financiera, para evitar que una sin experiencia sea contratada en casos de emergencia. Se propone asimismo una regulación específica para la adquisición de material sanitario, con una lista de precios de referencia para productos sanitarios críticos, como forma de evitar la especulación y los sobrecostes.

Además, se plantea disponer de planes de contingencia y segregación de funciones más claros que los actuales y crear unidades de crisis o emergencia especializadas en compras y contratos, con personal designado de forma exclusiva para gestionar este tipo de situaciones.

Reforzar los mecanismos de control externo es otra de las recomendaciones que se hacen en este borrador, y Raúl Acosta ha recordado que a partir de ahora el Parlamento de Canarias deberá decidir si quiere realizar las reformas en las cuestiones en las que tiene competencias.