El cambio normativo que ha aprobado el Gobierno de Canarias para agilizar los trámites para abrir centros sociales ante el atasco de la dependencia ha generado cierto rechazo por parte de la oposición y del Cabildo de Gran Canaria. Las dudas radican en la sustitución de la autorización administrativa previa por una declaración responsable para la puesta en funcionamiento de determinados centros y servicios.
La Comisión de Cabildos ha debatido este jueves el decreto ley que aúna varias medidas fiscales y modificaciones en la gestión de los fondos Next Generation, pero en especial incluye varios cambios en la ley de servicios sociales para agilizar la apertura de centros sociales.
Dudas sobre la seguridad de los usuarios
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha defendido la reforma y la ha justificado en la necesidad de responder a “problemas reales que no podían esperar” y de eliminar obstáculos en la actuación de la Administración, ha recogido Efe de la comparecencia. En materia de dependencia, ha señalado que Canarias ha incrementado de forma “extraordinaria” su capacidad para reconocer prestaciones, pero ahora necesita que la oferta de plazas y servicios avance con mayor rapidez.
Delgado ha asegurado que el nuevo sistema de declaración responsable no supondrá una reducción de las garantías y ha recordado que alrededor del 60% de los centros incluidos en los convenios de dependencia con los cabildos carecen actualmente de acreditación. El objetivo del Ejecutivo es completar estos procesos en 2029.
La consejera ha defendido que el cambio no elimina los mecanismos de control, ya que los centros seguirán sujetos a inspección, vigilancia y comprobación. La reforma busca, según el Gobierno, reducir los tiempos de puesta en funcionamiento y desbloquear la acreditación de recursos que actualmente encuentran dificultades para incorporarse al sistema público.
Gran Canaria alerta de posibles problemas tras la apertura
Sin embargo, la consejera de Bienestar Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, ha advertido de las diferencias entre ambos modelos. “No es lo mismo una autorización previa”, en la que se exige determinada documentación antes de abrir un centro, que una declaración responsable, ha señalado.
Mena ha planteado qué ocurriría si una residencia comenzara a funcionar y, tiempo después, una inspección determinara que no cumple los requisitos exigidos. En ese escenario, se ha preguntado si los usuarios tendrían que abandonar el centro y regresar a sus domicilios.
La representante insular ha asegurado que comprende que existe un déficit de plazas sociosanitarias, pero considera que la reforma planteada por el Gobierno de Canarias “no va a la raíz del problema”. A su juicio, la prioridad debería ser garantizar la seguridad jurídica de los usuarios y resolver la acreditación de los servicios en “tiempos razonables”.
Fuerteventura pide reforzar los controles
Desde el Cabildo de Fuerteventura, su consejero de Educación y Juventud, Adargoma Hernández, ha trasladado el respaldo de la corporación al decreto ley, aunque ha introducido una advertencia: “la rapidez” en la acreditación “no puede llevar a una falta de seguridad en las condiciones que deben cumplir los centros”.
Hernández ha reclamado que se refuercen los mecanismos de control para evitar que vuelvan a producirse situaciones como las vividas en algunas residencias de mayores que no cumplían los requisitos establecidos.
En una posición más favorable, la consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Ángeles Nieves Fernández, ha defendido la simplificación administrativa y ha asegurado que esta no supondrá una merma en la calidad de los servicios. Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha considerado que la declaración responsable supone “un gran avance”, aunque ha subrayado que será fundamental que el trabajo de inspección funcione correctamente.
PSOE y Nueva Canarias también cuestionan la reforma
Las mayores críticas desde el ámbito parlamentario han llegado de Nueva Canarias y el PSOE. El diputado de NC, Luis Campos, ha advertido de que la declaración responsable podría dar “carta de naturaleza” a aquellos centros sociosanitarios que vienen funcionando sin contar con la acreditación correspondiente.
Campos considera que el nuevo modelo podría perpetuar la falta de fiscalización, control e inspección sobre determinados recursos, una de las principales preocupaciones expresadas durante la comisión.
La diputada socialista Elena Máñez también ha cuestionado la reforma y ha considerado “poco coherente” que se haya incluido en el mismo decreto ley junto a medidas fiscales y relacionadas con los fondos europeos una modificación que, a su juicio, “no es menor ni meramente técnica” en materia de dependencia.
Máñez ha advertido de que el nuevo procedimiento puede generar “inseguridad” entre los usuarios, al considerar que podría transcurrir un periodo mínimo de seis meses desde la apertura o puesta en funcionamiento de un centro sin que se compruebe si cumple los requisitos exigidos.
El Gobierno defiende que no se relajan los controles
Frente a estas críticas, el Ejecutivo autonómico insiste en que la reforma no elimina la supervisión administrativa. El nuevo modelo mantiene las competencias de inspección, vigilancia y control, así como el régimen sancionador, que puede incluir el cierre temporal de un centro, la pérdida de eficacia de la declaración responsable o la retirada de la acreditación.
El decreto ley también pretende agilizar la acreditación de los centros mediante la colaboración, previo convenio, de determinados colegios profesionales, entre ellos los Colegios Oficiales de Trabajo Social, cuyos profesionales podrán elaborar informes técnicos para estos procedimientos.
La mayoría de los representantes de los cabildos y de los grupos parlamentarios han respaldado finalmente el contenido del decreto ley. Vox ha sido la excepción entre los grupos, al calificar la norma de “popurrí” y “parche”.
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