Los cabildos han rechazado de pleno el informe del Consejo Consultivo de Canarias, que señala que varios artículos de la proposición de ley de Cabildos insulares no se ajustan a derecho. Si el dictamen fue relativamente duro en sus conclusiones, algunos representantes insulares también se han mostrado firmes ante la valoración del órgano consultivo, aunque valoran que durante la tramitación parlamentaria se hagan correcciones al texto propuesto por los cabildos.
El dictamen señalaba que los artículos 87.3, 88 y 123.1, así como las disposiciones finales segunda, tercera y cuarta recogidas en la proposición, no se ajustan a derecho. En especial, cuestionaba la intención de eliminar los límites salariales para los cargos insulares que la legislación estatal fija para los miembros de las corporaciones locales en los cabildos, ya que —entiende el órgano— dichos límites son de aplicación obligatoria y solo podrían modificarse mediante normativa estatal, no autonómica.
Rechazo en el Parlamento
En la comisión de cabildos celebrada este miércoles en el Parlamento de Canarias, varios representantes insulares y portavoces parlamentarios rechazaron la visión del Consultivo por considerarla desactualizada. La presidenta de la Federación Canaria de Islas, Lola García, señaló que el dictamen se sustenta “en una visión que ya ha sido superada por el Estatuto de Autonomía de 2018”.
Los cabildos encargaron un informe en respuesta al dictamen, en el que se sostiene que el Consultivo utiliza resoluciones de 1994 y 2015 para “juzgar un marco legal completamente nuevo”. “Hoy el mundo ha cambiado, Canarias ha evolucionado y nuestro Estatuto ya atribuye directamente a los cabildos muchas competencias que antes teníamos solo por transferidas”, apuntó la representante insular.
Defensa jurídica y enmiendas
Asimismo, García se respaldó en una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce que los cabildos no son únicamente diputaciones provinciales. “La mayoría de las observaciones y reparos que formula el Consejo Consultivo son perfectamente subsanables mediante enmiendas, y corresponde a los diputados realizarlas y aprobarlas”, señaló la también presidenta del Cabildo de Fuerteventura.
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, respaldó la posición de García y apuntó durante el debate que, si bien el informe del Consultivo es “respetable”, está “alejado de la realidad”. Por su parte, la vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, defendió que la proposición es “constitucionalmente viable”.
Tramitación parlamentaria
Desde el Cabildo de La Gomera, su vicepresidente, Adasat Reyes, señaló que no se pretende invadir competencias y que las observaciones del Consultivo forman parte del “funcionamiento normal” del proceso legislativo. Añadió que el texto todavía puede “perfeccionarse” a través de las enmiendas parlamentarias presentadas por los grupos.
“No estamos ante un texto que deba ser replanteado en su totalidad”, afirmó Reyes, quien también subrayó que no persiguen asumir competencias que no correspondan a los cabildos, sino establecer “un marco jurídico claro que permita ejercer con mayor eficacia las responsabilidades que ya asumimos”, en referencia a las competencias que los gobiernos insulares gestionan cada vez más sin un marco actualizado.
La previsión es que, tras continuar la tramitación en el Parlamento de Canarias y escuchar a los distintos responsables insulares, se presenten ahora las enmiendas que corrijan las discrepancias señaladas por el Consultivo.