El Gobierno de Canarias ha iniciado el procedimiento para la elaboración y aprobación de un nuevo Proyecto de Decreto que regulará el acceso del alumnado a las residencias escolares públicas del Archipiélago. La futura norma definirá quién puede obtener plaza, qué requisitos deberá cumplir y cómo se gestionará el proceso de admisión, actualizando y ordenando un sistema que afecta cada curso a cientos de estudiantes.

El trámite se encuentra actualmente en una fase inicial, abierta a consultas y presentación de propuestas. Cualquier órgano, entidad o persona interesada puede presentar observaciones al texto antes de su aprobación definitiva. El plazo para remitir aportaciones finaliza el 12 de diciembre, según ha informado la Consejería de Educación.

Qué regulará el decreto

El proyecto establece que podrán optar a una plaza en una residencia escolar los estudiantes que, residiendo en Canarias, vayan a cursar enseñanzas obligatorias, Formación Profesional Básica, Bachillerato, ciclos de grado medio o superior de FP, enseñanzas artísticas y deportivas, o estudios profesionales de música y danza, siempre que los cursen en centros sostenidos con fondos públicos.

Además, el alumnado deberá encontrarse en alguna de las circunstancias específicas recogidas en el borrador normativo. Entre ellas se incluyen:

• Dificultad de asistir diariamente al centro educativo por lejanía del domicilio y ausencia de transporte escolar gratuito.
• Situaciones socioeconómicas desfavorables o de riesgo de exclusión social que afecten a la escolarización.
• Ser hijos o hijas de mujeres atendidas en centros de acogida para víctimas de violencia de género.
• Necesidad de residencia para compatibilizar estudios de secundaria con enseñanzas especiales de música o danza.
• Acreditar la condición de deportista de alto rendimiento o deportista autóctono de alto nivel de Canarias, cuando resulte imprescindible residir cerca de instalaciones adecuadas para entrenamiento y competición.

Una norma en construcción

La Consejería de Educación mantiene abierto el proceso participativo con el objetivo de ajustar el decreto antes de su aprobación final. Una vez incorporadas las observaciones y valoradas todas las aportaciones recibidas, el Gobierno avanzará hacia la fase final de tramitación.