El Gobierno de Canarias ha dado un giro radical a la política habitacional del Archipiélago con la aprobación de un nuevo decreto que transforma el acceso a la vivienda protegida. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha presentado este martes en el Parlamento una normativa que elimina el tradicional sistema de sorteo para sustituirlo por un modelo de adjudicación basado en criterios objetivos de necesidad y arraigo. Esta medida busca garantizar que el parque público atienda de forma prioritaria a la población que realmente reside en las Islas.
El cambio más significativo que introduce el nuevo marco jurídico es la supresión del azar como método de distribución. A partir de ahora, la administración empleará un procedimiento reglado de baremación que evaluará la situación económica, social y familiar de cada solicitante. Según ha explicado Rodríguez, este sistema pretende acabar con el carácter meramente formal del registro anterior para convertirlo en un verdadero instrumento de planificación, aportando mayor justicia social y transparencia al proceso.
Prioridad al arraigo
El decreto pone un énfasis especial en proteger el acceso a la vivienda para los residentes locales mediante el endurecimiento de los requisitos de vecindad. Para inscribirse en el Registro Público de Demandantes, será necesario acreditar al menos cuatro años de vecindad administrativa.
Sin embargo, las condiciones para la adjudicación final de una vivienda son aún más estrictas: los solicitantes deberán demostrar diez años de residencia ininterrumpida en Canarias, o quince si esta ha sido discontinua. Además, se exigirá una vinculación efectiva con el municipio donde se encuentre la promoción.
La nueva regulación también refuerza el carácter asistencial del parque público. El texto incrementa los porcentajes de reserva de viviendas destinados a los denominados colectivos prioritarios, ampliando el cupo para jóvenes, personas mayores, ciudadanos con limitaciones funcionales y víctimas de violencia de género.
Con este movimiento, el Ejecutivo regional aspira a consolidar un modelo que anteponga la necesidad habitacional real frente a otros criterios.