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El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto. / GOBIERNO DE CANARIAS

Canarias asumirá progresivamente el traslado de menores con medidas judiciales

La comunidad autónoma asumirá estas competencias en función del aumento de efectivos de la Policía Canaria

La Delegación del Gobierno en Canarias y el Gobierno autonómico han firmado este martes un protocolo de actuación que permitirá al Cuerpo General de la Policía Canaria asumir de forma progresiva las competencias en el traslado de menores con medidas judiciales en el archipiélago.

El acuerdo, rubricado por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, establece el marco para que la comunidad autónoma vaya asumiendo estas funciones, que hasta ahora realizaban los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Protocolo 

El protocolo contempla traslados a juzgados, citas médicas, desplazamientos entre islas o ingresos en centros de menores, en cumplimiento de la Ley Orgánica 5/2000 y su desarrollo reglamentario. Según lo acordado, esta asunción de competencias se realizará de forma gradual, en función del incremento de efectivos del cuerpo policial autonómico.

En una primera fase, la Policía Canaria se encargará de los traslados de lunes a viernes en horario diurno. Quedan fuera, por el momento, los servicios en fines de semana y festivos, las actuaciones nocturnas y los traslados urgentes o no programados, que seguirán siendo asumidos por Policía Nacional y Guardia Civil, salvo casos excepcionales.

Coordinación 

Ambas administraciones han acordado mantener una coordinación permanente entre los distintos cuerpos policiales implicados, con reuniones periódicas de seguimiento para evaluar el funcionamiento del sistema y ajustar los procedimientos.

El objetivo final es que, una vez aumente la plantilla del Cuerpo General de la Policía Canaria y se consolide esta primera fase, el Ejecutivo autonómico asuma la totalidad de los traslados, culminando así el proceso iniciado tras los acuerdos de la Junta de Seguridad Canarias-Estado de 2019.