La Ley de Movilidad Sostenible de Canarias ya está más cerca de convertirse en una realidad. El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, 5 de octubre, el proyecto normativo que establece un nuevo marco para ordenar los desplazamientos de personas y bienes en el Archipiélago.
La norma, impulsada por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, culmina así su tramitación en el ámbito del Ejecutivo autonómico y será remitida ahora al Parlamento de Canarias, donde continuará su procedimiento hasta su aprobación definitiva.
El texto plantea la movilidad sostenible como un nuevo derecho colectivo, vinculado al acceso a bienes y servicios en condiciones adecuadas, dignas y seguras y con el menor impacto ambiental y social posible.
Un derecho para la ciudadanía
La futura ley contempla también el derecho a disponer de información suficiente para elegir los medios y servicios de transporte más adecuados, así como la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con los sistemas de movilidad.
El proyecto aborda la movilidad desde una perspectiva integral y tiene en cuenta la relación entre los tres grandes modos de transporte: aéreo, marítimo y terrestre. El objetivo es avanzar hacia una mayor intermodalidad, tanto dentro de cada isla como en las conexiones entre islas y con el exterior.
Además, establece instrumentos de planificación y gestión destinados a ordenar la movilidad en los distintos ámbitos territoriales y a mejorar la integración de las políticas de transporte, territorio y urbanismo.
Estrategia y planes de movilidad
Uno de los principales instrumentos será la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias, concebida como la herramienta de planificación estratégica para el conjunto del Archipiélago.
Esta estrategia fijará objetivos y prioridades ambientales y establecerá principios y criterios que deberán seguir los planes de movilidad de ámbito insular, supramunicipal y municipal, con carácter vinculante para su elaboración.
El proyecto diferencia esta estrategia de la actual Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias (EMSICAN), que funciona como una hoja de ruta técnica para diagnosticar y planificar el transporte y la movilidad durante las próximas tres décadas.
La nueva ley contempla asimismo planes insulares, supramunicipales y municipales de movilidad sostenible. Los primeros definirán los sistemas de movilidad de cada isla y serán vinculantes para los instrumentos de planificación de ámbito inferior.
Los planes supramunicipales se desarrollarán cuando exista una interacción relevante entre dos o más municipios por motivos laborales, comerciales o de servicios. En el ámbito urbano, los municipios de más de 20.000 habitantes deberán contar con planes de movilidad sostenible, mientras que los de menor población también podrán elaborarlos cuando presten voluntariamente servicios de transporte urbano colectivo.
Un laboratorio para probar nuevas soluciones
Otro de los instrumentos incluidos en el proyecto es el Laboratorio de la Movilidad, concebido para impulsar actividades de estudio, investigación, experimentación y divulgación relacionadas con modelos de desplazamiento más sostenibles.
Este espacio también permitirá desarrollar proyectos piloto dirigidos a probar soluciones innovadoras y mejorar los sistemas de movilidad en las islas.
La norma dedica igualmente una atención especial a la digitalización y la interoperabilidad de los sistemas e infraestructuras de movilidad.
El proyecto prevé mecanismos para facilitar el intercambio de datos y el acceso de la ciudadanía a información sobre los servicios de transporte, además de proyectos piloto y sistemas automatizados que permitan conocer mejor las necesidades de movilidad.
El proyecto llega al Parlamento
La aprobación por parte del Consejo de Gobierno supone el cierre de esta fase de la tramitación autonómica. El texto será enviado ahora al Parlamento de Canarias, donde deberá continuar su recorrido antes de una eventual aprobación definitiva.
El proyecto llega a la Cámara autonómica después de que el Pleno del Consejo Consultivo de Canarias emitiera el pasado 17 de septiembre un dictamen favorable sobre la iniciativa.
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