El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha informado este lunes al Consejo de Gobierno sobre los pasos que está dando su departamento para aprobar una ley que regule la gestión del litoral en las islas.
La iniciativa, impulsada a través de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, forma parte del Programa Legislativo de la XI Legislatura (2023-2027) y responde a lo recogido en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que reconoce a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en ordenación y gestión del litoral.
Un marco propio
Hasta ahora, la gestión de la costa se ha regido por la normativa estatal, sin una adaptación específica a las particularidades territoriales, ambientales y sociales del Archipiélago. Sin embargo, tras el traspaso efectivo de medios y servicios en 2023, el Ejecutivo considera necesario contar con una norma propia.
El objetivo es claro: adaptar la legislación básica estatal a la realidad canaria y disponer de un instrumento jurídico que permita equilibrar el desarrollo económico y social con la protección de los recursos naturales y los ecosistemas marinos. Se trata de garantizar que la presión sobre el litoral sea compatible con su salud ambiental, según ha informado el Ejecutivo regional.
1.126 kilómetros de costa
El litoral canario se extiende a lo largo de 1.126 kilómetros y presenta la configuración discontinua propia de un territorio archipielágico. En sus costas se concentra buena parte de la población y de las principales actividades económicas, especialmente las vinculadas al turismo.
Al mismo tiempo, estas zonas albergan una biodiversidad marina de enorme valor y fragilidad, lo que obliga —según el Gobierno— a una gestión diferenciada, cercana al territorio y sensible a sus particularidades.
Protección y actividad económica
La futura ley buscará concretar y adaptar la normativa estatal a la realidad insular e integrar la ordenación del litoral en la planificación ambiental, territorial y urbanística de Canarias. Además, pretende reforzar la seguridad jurídica con un marco competencial y procedimental más claro.
Todo ello partiendo de una premisa: alcanzar un equilibrio real entre la protección ambiental y las actividades sociales y económicas que históricamente se desarrollan en la costa. En un territorio insular como el canario, recuerdan desde el Gobierno autonómico, no resulta viable desplazar de forma generalizada estas actividades hacia el interior.
Desarrollo sostenible y participación
La norma se inspirará en principios como el desarrollo sostenible, la gestión integrada del litoral, la conservación prioritaria de los ecosistemas costeros, la adaptación al cambio climático y la participación ciudadana. También tendrá en cuenta la mejor evidencia científica disponible.
Asimismo, atenderá al reparto de competencias entre la Administración autonómica, los cabildos insulares y los ayuntamientos, con el objetivo de garantizar una ordenación coherente de un espacio que, aunque fragmentado por islas, requiere una visión conjunta.
Con la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno, se inicia ahora el procedimiento para elaborar el anteproyecto de ley. El Ejecutivo confía en que esta futura norma permita a Canarias ejercer plenamente sus competencias sobre el litoral desde la cercanía institucional y la responsabilidad ambiental.