Las administraciones estatal y autonómica de Canarias han acordado abrir un proceso de diálogo y análisis que tendrá en cuenta las particularidades de cada provincia y que, en un plazo de 3 a 4 meses, permitirá que la Policía Canaria asuma la asistencia a menores con medidas judiciales.

El nuevo acuerdo, calificado de “cordial” por las partes, se produce después de que el Gobierno canario expresara esta semana su imposibilidad de asumir de inmediato la competencia, que le corresponde desde el 1 de febrero según lo había instado la Delegación del Gobierno.

Demora

Hasta la reunión de ayer, esa era la fecha límite que el Estado había fijado para que la Consejería regional de Presidencia y Seguridad asumiera la responsabilidad sobre los menores con medidas judiciales tutelados por la comunidad autónoma. La demora se debía al tiempo transcurrido desde marzo de 2024, cuando la consejera Nieves Lady Barreto solicitó más plazo para incorporar efectivos y gestionar los traslados de los menores.

El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, destacó este viernes que su escrito parece haber activado el compromiso adquirido por el Gobierno canario hace dos años y manifestó plena confianza en la palabra de la consejera, quien aseguró que “no va a dilatar este proceso”.

Patrullas 

Pestana subrayó que la asunción de estas responsabilidades por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha supuesto “detraer patrullas de las calles”. Por ello, celebró que se haya acordado buscar el entendimiento mediante dos grupos de trabajo de carácter provincial, con el objetivo de que, en 3 o 4 meses, esta labor sea realizada exclusivamente por la Policía Canaria.