Los gobiernos de Canarias y Euskadi han advertido este viernes de las "incertidumbres y dudas" que genera la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que comenzará a aplicarse el próximo 12 de junio. Ambas comunidades han reclamado "más información, participación y garantías" sobre el impacto que tendrá la nueva normativa en los territorios fronterizos.
Según ha informado el Gobierno de Canarias a través de un comunicado, el presidente Fernando Clavijo mostró su preocupación "por que el nuevo marco europeo incremente la presión sobre regiones como el archipiélago" y pueda "relegar los derechos humanos, la atención a la infancia y la dignidad de las personas migrantes". Así lo señaló durante una jornada celebrada en Madrid y organizada por ambos ejecutivos junto a cerca de 50 ONG y entidades que trabajan con personas migrantes.
Dudas
Clavijo cuestionó además los mecanismos de solidaridad previstos en el pacto, al considerar que "permiten a algunos países evitar la acogida de migrantes mediante aportaciones económicas". También criticó que "ni Canarias ni el resto de comunidades autónomas hayan participado en la elaboración del texto ni en los planes estatales para su aplicación".
Entre las principales preocupaciones expuestas figura "el Reglamento de Triaje, que podría ampliar hasta seis meses la permanencia de los migrantes en las islas mientras se tramita su situación, frente al plazo aproximado de un mes que se maneja actualmente". Según el Gobierno canario, esta medida podría "incrementar la presión sobre los recursos públicos y las organizaciones sociales".
Claridad sobre las responsabilidades
Por su parte, la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, aseguró que el pacto "modificará el tablero de juego" y reclamó claridad "sobre las responsabilidades, los recursos disponibles, los procedimientos y el papel que tendrán las comunidades autónomas". La responsable vasca defendió que las decisiones migratorias "no pueden adoptarse desde una lógica centralizada sin contar con los territorios que gestionan la acogida".
La jornada reunió a representantes de organizaciones como CEAR, ACCEM, Save the Children y CEPAIM, además de expertos y responsables policiales, para analizar las posibles consecuencias del nuevo pacto europeo y los retos de su aplicación en España.