Los gobiernos de Canarias y Euskadi han reclamado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que las comunidades autónomas participen "de forma efectiva en la planificación, aplicación, seguimiento y evaluación" del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en vigor desde el pasado 12 de junio.

Según ha informado el Gobierno de Canarias en un comunicado, el presidente canario Fernando Clavijo y el lehendakari Imanol Pradales han remitido una carta a Von der Leyen en la que trasladan su "profunda preocupación por la falta de un proceso real de diálogo, coordinación y planificación" con el Gobierno de España para implementar el nuevo marco europeo.

Ambos ejecutivos advierten de que los territorios que "asumen las consecuencias prácticas de la migración no pueden quedar al margen de la información, la coordinación ni la toma de decisiones". A su juicio, la aplicación del Pacto solo será "eficaz, ordenada y garantista si incorpora la realidad de las comunidades que soportan buena parte de su impacto".

Carencia de gobernanza "multinivel" 

Canarias y Euskadi sostienen que "no pretenden trasladar al ámbito europeo una controversia interna", sino alertar de una "carencia de gobernanza multinivel que puede afectar a la eficacia operativa, a la calidad democrática y a la protección de los derechos fundamentales".

En la carta ambos gobiernos señalan que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo "modifica de manera sustancial la gestión de las llegadas, los procedimientos fronterizos, la protección internacional, los retornos, el registro de datos, los mecanismos de solidaridad y la coordinación entre administraciones". Sin embargo denuncian que las comunidades autónomas "no han participado hasta ahora en un espacio formal que permita conocer la estrategia estatal, anticipar sus efectos o definir responsabilidades".

Realidades distintas

Los dos ejecutivos defienden que Canarias y Euskadi representan "realidades distintas pero complementarias dentro de los itinerarios migratorios europeos". Apuntan que Canarias "como frontera exterior de la Unión Europea y principal punto de entrada de la Ruta Atlántica" y Euskadi como "frontera norte del Estado y territorio de tránsito hacia otros países europeos".

En el caso de Canarias indican que las incertidumbres afectan "a la capacidad de respuesta ante los procedimientos de control previo en frontera, a la eventual presión sobre los recursos de acogida y a la necesidad de una distribución equitativa de responsabilidades". Por su parte subrayan que en Euskadi la falta de "reconocimiento institucional de su papel como frontera norte dificulta la planificación de la atención en Irún, en el Bidasoa, en los recursos de acogida, los servicios sociales, el sistema sanitario, las diputaciones, los ayuntamientos y las entidades del tercer sector". 

Canarias y Euskadi advierten de que el mecanismo europeo de solidaridad debe tener también "una traducción interna clara dentro del Estado español". En este sentido reclaman que la corresponsabilidad "no se limite al ámbito europeo, sino que se aplique dentro del Estado mediante mecanismos estables, financiación suficiente y criterios de distribución equitativos".

Compartir información 

La carta también pide que el Gobierno de España comparta información "completa, oficial y previa sobre las instalaciones designadas o cualquier otro centro vinculado" a los procedimientos previstos en el Pacto. Ambos gobiernos consideran necesario "conocer su ubicación, función, capacidad, perfiles atendidos, condiciones materiales, garantías jurídicas, asistencia letrada, traducción, financiación y mecanismos de control institucional". 

La protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados ocupa también un lugar destacado en la carta. Canarias y Euskadi señalan que el nuevo marco europeo "no resuelve por sí mismo un desafío que continúa recayendo de forma intensa sobre determinadas comunidades autónomas", por lo que reclaman instrumentos "de cooperación, criterios de reparto equitativo, financiación suficiente y garantías homogéneas en todo el territorio".

Comisión Europea 

En este sentido ambos gobiernos solicitan a la Comisión Europea "que tenga en cuenta la necesidad de asegurar que los Estados miembros incorporen de manera efectiva a las autoridades regionales y locales en la preparación, implementación, seguimiento y evaluación de sus planes nacionales". Asimismo, Canarias y Euskadi han pedido al Gobierno de España la convocatoria urgente de un espacio de trabajo político y técnico para "conocer la estrategia completa de aplicación del Pacto, evaluar sus implicaciones y acordar mecanismos eficaces de cooperación".

La carta concluye con una apelación a que el Estado impulse un "plan estructural migratorio, estable, integral y compartido que aborde el tránsito, la acogida, la protección internacional, los permisos, la inclusión, los menores, la convivencia, el empleo, la vivienda, la frontera atlántica, la frontera norte y la coordinación transfronteriza".