El Gobierno de Canarias reclamará al Estado un plan extraordinario de contingencia para afrontar el repunte de la inmigración irregular, especialmente en la isla de El Hierro, que incluya más recursos económicos, refuerzos de seguridad y derivaciones de migrantes a centros de acogida de la Península. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha advertido de que, si no obtiene respuestas concretas, su Ejecutivo recurrirá a la Justicia.
Clavijo trasladará estas reivindicaciones este martes en la reunión interministerial prevista en La Moncloa, después de que el Consejo de Gobierno aprobara este lunes una propuesta respaldada el domingo por el Foro de la Inmigración de Canarias.
El presidente ha destacado el consenso alcanzado entre los grupos parlamentarios, con la excepción de Vox, y ha agradecido especialmente la posición de los partidos de la oposición, PSOE y Nueva Canarias.
Ocho medidas ante la crisis
La propuesta contempla ocho líneas de actuación para afrontar la presión migratoria en las islas. Entre ellas figura la creación de un mecanismo permanente de coordinación entre los gobiernos central y autonómico, con reuniones semanales para evaluar las llegadas y los recursos disponibles, especialmente los destinados a menores migrantes no acompañados.
La principal reivindicación es la aprobación de un plan extraordinario de contingencia que incluya financiación y derivaciones a recursos de acogida de la Península.
Canarias también reclama una iniciativa diplomática urgente en los países de origen para abordar la situación migratoria, así como que el Gobierno central solicite la inclusión del archipiélago en el mecanismo de solidaridad previsto en el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
A estas medidas se suma la petición de desplegar medios de Frontex, la Agencia Europea de Fronteras y Costas.
Cambios legales y ayudas para El Hierro
El documento también plantea modificar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para evitar, según ha explicado Clavijo, las lagunas jurídicas que dificultan perseguir determinados delitos cometidos en alta mar.
Otra de las reclamaciones se centra en El Hierro, donde el Ejecutivo autonómico solicita un paquete de medidas de emergencia para compensar los efectos de la presión migratoria sobre la actividad económica.
Clavijo ha puesto como ejemplo la situación de La Restinga, donde la acumulación de cayucos en el puerto dificulta el desarrollo de la actividad pesquera. También ha señalado el impacto sobre el sector turístico: de los once centros de buceo que había hace unos años, actualmente quedan cuatro.
La restauración y la hostelería también se están viendo afectadas por esta situación, según ha expuesto el presidente.
Refuerzos inmediatos y amenaza judicial
Al margen del plan extraordinario, Clavijo ha reclamado cuatro actuaciones que, a su juicio, podrían ponerse en marcha de forma inmediata para aliviar la presión sobre las islas.
Entre ellas figuran el refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el incremento de los barcos de Salvamento Marítimo, la contratación de los servicios de asistencia sanitaria de Cruz Roja y la habilitación de recursos económicos para compensar a El Hierro.
Estos fondos podrían proceder tanto del Gobierno central como del autonómico, ha señalado.
"El tiempo de los discursos y las promesas se ha acabado", ha proclamado Clavijo, que espera obtener respuestas a corto plazo para aliviar la situación de tensión y afrontar un fenómeno que, según ha advertido, se prolongará en el tiempo.
El presidente canario ha insistido en que el Ejecutivo estatal tiene capacidad para adoptar medidas urgentes y ha recordado que no se encuentra en funciones. "No hay ningún tipo de excusa para no dar respuesta", ha afirmado.
Clavijo ha asegurado que acudirá a La Moncloa como representante del conjunto de la sociedad canaria y ha advertido de que Canarias acudirá a los tribunales si el Estado no ofrece soluciones.
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