El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han decidido esta mañana crear una comisión de trabajo que establezca los instrumentos necesarios para que los ayuntamientos puedan controlar, en su municipio, el acceso a la vivienda. El objetivo es, en unos casos, favorecer su disponibilidad y fijar población y, en otros, limitar su compra por parte de foráneos.

Estas herramientas deben ser introducidas, previa modificación, en la Ley estatal de Bases de Régimen Local, “para lo que se requiere elaborar un documento de consenso en Canarias, que pueda ser elevado a la Federación Española de Municipios y de allí al Congreso”, ha explicado hoy el presidente, Fernando Clavijo, tras una reunión con el comité ejecutivo de la Fecam.

Ampliación de competencias municipales

En esta línea de actuación, “que continúa tras las decisiones tomadas en las Conferencias de Presidentes en las que se abordaron el reto demográfico y el problema de acceso a la vivienda”, se promueve la ampliación de competencias municipales para contribuir en cada municipio a la mejora de estos desafíos. Esto incluye la posibilidad de establecer limitaciones a la adquisición de residencia mediante la modificación del ámbito competencial que actualmente tienen el Estado y la Comunidad Autónoma en materia de régimen local.

Con este cambio de la Ley, afirmó Mari Brito, “perseguimos ampliar las competencias de los municipios en materias como ordenamiento, actividad turística, tributaria y empadronamiento, así como en cualquier otra que, dentro del respeto a la autonomía local, pueda contribuir a los objetivos planteados”. Cada municipio, añadió, podrá valorar su aplicación y actuar mediante ordenanzas.

Papel de las entidades locales

Tanto Clavijo como Brito incidieron en que las entidades locales pueden contribuir de manera idónea a resolver el problema residencial, si bien corresponde al Estado diseñar el modelo básico del régimen local en los aspectos sustanciales. Del mismo modo, recordaron que es a las Comunidades Autónomas a las que les compete la ordenación del territorio.

Experiencias en otras ciudades

Como punto de partida, para plantear esta modificación, el presidente de Canarias ha señalado que ya existen experiencias en otras ciudades españolas y europeas.

Es el caso de Bilbao, que ha otorgado a las viviendas de uso turístico la calificación de uso de equipamiento en lugar de uso residencial. O Ámsterdam, donde si una vivienda permanece seis meses sin ocupación se aplican sanciones y el propietario dispone de dos meses para reintroducirla en el mercado. Además, allí se prohíbe durante cuatro años el alquiler de viviendas recién adquiridas con un valor de hasta 623.000 euros, salvo excepciones como alquiler a un familiar o razones de interés social.

Ejemplos internacionales

En Hamburgo se estableció una política de expropiación de propiedades vacías más de cuatro meses, mientras que en Berlín se lanzó un proyecto piloto para la expropiación temporal de viviendas vacías.

A nivel estatal, Malta exige un periodo de cinco años de residencia para adquirir libremente segundas residencias. En Dinamarca, para poder comprar una propiedad —ya sea primera o segunda residencia— es necesario tener la residencia permanente o haber vivido en el país durante un período consecutivo de cinco años.