El Gobierno de Canarias considera "vital modificar" la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para "evitar que se repitan casos" como el de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada la pasada semana en Madrid y reclama además "un pacto de Estado en materia de vivienda".
Así lo ha defendido este lunes el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, quien ha señalado que una reforma de la ley es "lo que podría frenar de manera más inmediata situaciones similares". Cabello ha avisado de que las medidas que se lleven al Congreso "sin un acuerdo previo están abocadas al fracaso".
El portavoz del Ejecutivo canario ha criticado "la falta de información sobre las medidas que prepara el Gobierno central" y ha cuestionado que las comunidades autónomas "tengan que posicionarse antes de conocer su contenido". A su parecer se tiene que "articular un paquete de medidas que sea real, no de efectismo político” al tiempo que ha señalado que algunas de las propuestas conocidas hasta ahora "pueden afectar al derecho a la propiedad o requerir cambios en otras normas"
Zonas tensionadas
Sobre la posibilidad de declarar zonas de mercado residencial tensionado en Canarias, Cabello ha insistido en que corresponde al Ejecutivo autonómico "realizar la declaración, aunque son los ayuntamientos los que deben solicitarla". En el caso de Las Palmas de Gran Canaria ha indicado que el consistorio "ya ha remitido la documentación" y que el procedimiento "se encuentra en tramitación".
También ha hecho referencia al intento de desahucio de una mujer de 54 años con cáncer terminal en Granadilla, aplazado la pasada semana, como ejemplo de la "actuación del Ejecutivo ante situaciones concretas de vulnerabilidad".
Viviendas en ejecución
Cabello ha citado medidas del Gobierno de Canarias durante la legislatura, como por ejemplo "tres decretos de simplificación administrativa para agilizar la construcción y rehabilitación de viviendas, un aumento del 25% de los fondos propios destinados a vivienda pública, la posibilidad de invertir la RIC en vivienda asequible y la recuperación de edificios inacabados".
A ello ha sumado los bonos de alquiler joven, la hipoteca joven y las alrededor de 4.000 viviendas que "se encuentran actualmente en ejecución".
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