La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, anunció este martes que el Ejecutivo autonómico aprobará previsiblemente antes de que termine 2026 el tercer Plan de Infraestructuras Sociosanitarias del archipiélago, un documento estratégico que incluirá una planificación de las plazas para personas con discapacidad necesarias en cada municipio durante las próximas dos décadas.
La responsable regional hizo este anuncio durante una sesión parlamentaria en la que respondió a la diputada socialista Lucía Olga Tejera, quien reclamó más recursos para atender a las personas con discapacidad en Canarias.
Déficit de plazas
Durante el debate, la parlamentaria socialista recordó que mientras en el conjunto del Estado existen 1,7 plazas por cada cien personas con discapacidad, en Canarias la cifra se sitúa en apenas 0,8 plazas por cada cien habitantes de este colectivo.
Ante estas críticas, Delgado defendió las actuaciones impulsadas por su departamento para reducir el déficit histórico de plazas sociosanitarias que arrastra el archipiélago, especialmente en el ámbito de la discapacidad.
La consejera destacó que el Gobierno trabaja junto a los cabildos insulares para mejorar la financiación de las plazas existentes mediante un convenio específico, además de impulsar nuevos recursos gracias a los fondos europeos Next Generation destinados a centros diurnos y residenciales.
Planificación a largo plazo
Delgado aseguró que el Ejecutivo autonómico ha realizado un análisis detallado de las necesidades de plazas para personas con discapacidad en todos los municipios canarios con una proyección de futuro de veinte años.
"No nos hemos quedado quietos", defendió la consejera, quien atribuyó parte de la situación actual al incumplimiento del segundo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, lo que, según señaló, ha situado a Canarias en una posición de desventaja respecto a otras comunidades autónomas.
La responsable de Bienestar Social insistió en que el nuevo documento servirá para establecer una hoja de ruta a largo plazo que permita responder al aumento de la demanda de recursos asistenciales y residenciales para personas con discapacidad en las islas.