El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este miércoles en el pleno del Parlamento que convocará a todas las fuerzas políticas para buscar una posición común ante la Unión Europea en torno a cuestiones como la limitación de adquisición de viviendas a no residentes y las condiciones de residencia en las islas.

En Europa va a haber modificaciones legislativas y por tanto se abre "una ventana de oportunidad que debemos aprovechar", ha dicho Clavijo en una comparecencia parlamentaria para hablar de la última reunión de los presidentes de las regiones ultraperiféricas europeas (RUP), celebrada en la isla francesa de La Reunión.

Apoyo y consenso político

Clavijo ha obtenido el apoyo para intentar ese acuerdo de los partidos de la oposición, a los que ha garantizado que el ejecutivo "está dispuesto" a moverse de sus posiciones para buscar la unidad, la misma que siempre ha existido en el archipiélago en relación a los asuntos europeos.

"No queremos que esto se convierta en un debate ideológico o dogmático, sino en un planteamiento práctico", porque "todos compartimos objetivos comunes: que aumenten las rentas familiares, que los salarios mejoren y que nuestros ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna y asequible", ha manifestado el presidente.

Problemas compartidos

El acceso a la vivienda, el reto demográfico, la necesidad de compatibilizar el turismo con la calidad de vida de la ciudadanía y una distribución más justa de la riqueza son preocupaciones de Canarias pero también de las demás RUP, ha explicado Clavijo.

El presidente ha repasado la estrategia europea para abordar estos asuntos y ha señalado que es el momento de replantear el estatus de Canarias en Europa.

Fondos y propuestas

Ha indicado que en la reunión con el comisario responsable de las regiones, Rafael Fito, este adelantó que se podrán reorientar los fondos europeos hacia políticas de vivienda y ha informado de que en mayo trasladará las necesidades y objetivos de Canarias a las autoridades europeas.

También ha señalado que Canarias va a canalizar sus propuestas y los informes jurídicos a través de la Dirección General de Política Regional, tanto en materia de vivienda como de residencia, asuntos en los que insistió en buscar unidad parlamentaria.

Casos en otros territorios

Otros territorios europeos ya han regulado el acceso a la vivienda y las condiciones de residencia dentro del marco jurídico de la Unión, aunque lo negociaron antes de su entrada en la UE.

Las modificaciones legislativas previstas abren "una ventana de oportunidad" y aunque será "un proceso lento y laborioso que requiere consensos", será más fácil si antes hay "acuerdos amplios" en Canarias.

Reacciones parlamentarias

El portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, ha subrayado la importancia de la unidad política para no usar estos temas con fines partidistas, y ha mostrado la disposición de su partido a colaborar.

Franquis ha dudado de la capacidad de Clavijo para liderar, pero ha garantizado el apoyo del PSOE. Ha recordado además que el Gobierno de Canarias tiene competencias que no está ejerciendo.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, también ha pedido que se actúe internamente para abordar temas como el reparto de beneficios turísticos o el reto demográfico. Aun así, defiende la unidad interna y entre las RUP.

La representante de Vox, Paula Jover, mostró disposición a buscar consensos, pero criticó la falta de información del Gobierno canario y advirtió sobre el posible recorte del estatus RUP en el nuevo marco financiero de la UE.

Diversidad de propuestas

El representante de CC, David Toledo, considera que limitar el acceso a la vivienda a los no residentes y una ley de residencia son propuestas valientes pero legalmente posibles.

Luz Reverón, del PP, pidió una agenda europea específica para Canarias y advirtió sobre el impacto de la presión migratoria en los servicios públicos.

Casimiro Curbelo, de ASG, consideró difícil implementar esas medidas de forma autónoma.

Raúl Acosta, de AHI, defendió medidas específicas para las RUP en materia de vivienda y limitación de compras por parte de extranjeros.