La Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Noelia García, ha participado durante la primera jornada del XI Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, que se celebra en Santiago de Compostela, en la reunión de los órganos garantes de la transparencia, donde ha expuesto las principales líneas de la Memoria del Comisionado correspondiente al ejercicio 2025 y ha compartido con representantes de otros organismos de garantía la evolución del sistema de transparencia en Canarias.
La intervención de la Comisionada ha permitido poner en común los principales resultados alcanzados durante 2025, un ejercicio en el que el Comisionado de Transparencia ha continuado ampliando su actividad de evaluación, garantía del derecho de acceso y promoción de la cultura de transparencia, tanto en el sector público como en las entidades privadas sujetas a obligaciones de transparencia.
Entre los principales datos de la Memoria 2025 destaca la evaluación de 408 entidades del sector público, con una participación del 92,4% La nota media obtenida se situó en 8,44 puntos. García destacó la evolución del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y la consolidación del modelo de evaluación desarrollado por el Comisionado a través del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias).
912 reclamaciones de acceso a la información en 2025
La garantía del derecho de acceso a la información pública constituyó también uno de los principales ámbitos de actividad del Comisionado durante el pasado ejercicio. En 2025 se registraron 912 reclamaciones, un 18% más que el año anterior, y fueron resueltos 892 expedientes. El silencio administrativo continuó siendo el principal motivo de las reclamaciones presentadas ante el Comisionado.
Para el Comisionado, estos datos ponen de manifiesto tanto el creciente ejercicio por parte de la ciudadanía de su derecho de acceso a la información como la necesidad de seguir avanzando hacia una respuesta administrativa más ágil y eficaz a las solicitudes de información pública. Asimismo, se destacó la importancia de prestar especial atención a la aprobación de normas que puedan dificultar o limitar el ejercicio efectivo de este derecho.
La transparencia también alcanza al sector privado
Noelia García ha trasladado asimismo a la reunión de los órganos garantes la evolución de la evaluación de las entidades privadas sujetas a obligaciones de transparencia. En 2025 fueron convocadas 1.101 entidades al proceso de evaluación. Entre las novedades del ejercicio se encontraba la incorporación de partidos políticos con representación parlamentaria y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
De las entidades convocadas, 784 participaron en la evaluación, alcanzando una nota media de 7,47 puntos, y más del 82 % superó la evaluación. La evolución de este ámbito evidencia la importancia de extender la cultura de transparencia a todas aquellas organizaciones que, aun perteneciendo al sector privado, están sujetas a obligaciones derivadas de la gestión o percepción de recursos públicos.
Una institución con diez años de trayectoria y una nueva hoja de ruta
El Informe 2025 recoge además un ejercicio especialmente significativo para el Comisionado de Transparencia de Canarias, coincidiendo con el décimo aniversario de la creación de la institución. Durante este periodo, el Comisionado se ha consolidado como órgano de garantía del derecho de acceso a la información pública y como referente en la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia en Canarias.
En este contexto, el organismo ha puesto en marcha su primer Plan Estratégico 2025-2029, que establece la hoja de ruta para los próximos años y contempla, entre otros objetivos, el refuerzo de la institución, la modernización de sus procedimientos, la mejora del ejercicio del derecho de acceso y el impulso de una transparencia más útil, accesible y próxima a la ciudadanía.
La participación de Noelia García en la reunión de los órganos garantes ha servido también para compartir experiencias sobre los nuevos desafíos que afrontan las instituciones de garantía, especialmente ante el incremento de la actividad, la necesidad de agilizar la resolución de las reclamaciones y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas a los procesos de evaluación.
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