Canarias recibirá 22,4 millones de euros procedentes de la recaudación del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades para financiar programas de interés social. El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la distribución de estos fondos entre las comunidades autónomas de régimen común y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En total, el Gobierno destinará 432,8 millones de euros, una cantidad que supone un 15% más que el año pasado, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy.
13 criterios para el reparto
El reparto de los fondos se ha establecido a partir de 13 criterios objetivos, entre los que se encuentran la población, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), la renta per cápita, la dispersión territorial y el número de familias monomarentales.
También se han tenido en cuenta las tasas de envejecimiento y discapacidad de cada territorio. El sistema garantiza, además, un porcentaje fijo para La Rioja, con el 1,02%, Ceuta, con el 0,80%, y Melilla, con el 0,81%.
La propuesta de distribución tendrá que ser sometida ahora a la aprobación del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Una vez superado este trámite, serán las comunidades autónomas las encargadas de gestionar sus respectivas convocatorias de subvenciones.
Ayudas para colectivos vulnerables
Las subvenciones estarán dirigidas a entidades y asociaciones del Tercer Sector de acción social que cumplan los requisitos establecidos en las convocatorias autonómicas.
Los fondos permitirán financiar programas destinados a atender las necesidades de personas en situación de pobreza, exclusión social o especial vulnerabilidad, con actuaciones dirigidas a distintos colectivos.
En la convocatoria correspondiente a 2024 se financiaron más de 10.000 proyectos en todo el país. Entre los beneficiarios de estas iniciativas se encontraban personas con discapacidad, el pueblo gitano, personas mayores, niños y familias.
El modelo se prorroga hasta 2028
El sistema actual de distribución establece dos tramos: uno estatal, que concentra el 20% de la recaudación, y otro autonómico, que representa el 80% y se transfiere a las comunidades de régimen común para que desarrollen sus propias convocatorias.
El acuerdo alcanzado en 2021 tenía una vigencia inicial de cinco años, que expiró el pasado mes de junio. Ante los resultados obtenidos, el Ministerio de Derechos Sociales ha impulsado una prórroga de dos años y medio, hasta el 31 de diciembre de 2028, incluyendo la ejecución de los programas durante 2029.
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