El Gobierno de Canarias ha reclamado formalmente al Estado información urgente sobre la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 12 de junio. El Consejo de Gobierno aprobó este lunes un informe presentado por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en el que se denuncia la falta de información recibida por parte de la administración central sobre los recursos, procedimientos y consecuencias que tendrá el nuevo marco normativo en el archipiélago.
La iniciativa se suma a la carta remitida el pasado 26 de mayo por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. En ella trasladaba la preocupación compartida con el Gobierno vasco por el impacto que el nuevo reglamento europeo puede tener en territorios especialmente afectados por los flujos migratorios, como Canarias, y solicitaba una reunión urgente con todas las comunidades autónomas para conocer los detalles de su aplicación.
Aportaciones
El informe aprobado por el Ejecutivo autonómico incorpora además las aportaciones del Foro Canario de la Inmigración y sostiene que, a menos de dos semanas de la entrada en vigor del pacto, Canarias sigue sin conocer las condiciones específicas de su despliegue en España ni cómo afectará a las comunidades con mayor presión migratoria. Por este motivo, el Gobierno regional exige información al Ministerio del Interior y al resto de departamentos competentes sobre la dotación de recursos prevista para afrontar las nuevas obligaciones sin afectar a servicios públicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda o la seguridad.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Delgado recordó que entre 2020 y 2025 llegaron a Canarias 165.562 personas a bordo de 3.216 embarcaciones. A esta cifra se suman los 2.989 menores migrantes no acompañados que permanecen actualmente bajo tutela del Ejecutivo autonómico.
Elevada presion
La consejera advirtió de que el sistema de protección autonómico soporta una elevada presión y criticó que Canarias haya quedado fuera de la elaboración del Plan Nacional para la aplicación del pacto. Por ello, reclamó la participación directa del Gobierno canario en los mecanismos de seguimiento, control y toma de decisiones relacionados con la acogida y gestión migratoria.
En la carta enviada a Pedro Sánchez, Clavijo alerta además de que la nueva normativa podría prolongar los tiempos de permanencia de los migrantes en Canarias debido a los controles establecidos por la legislación europea. A su juicio, esta situación podría generar un "importante tapón" en las islas y aumentar la presión sobre unos recursos de acogida que ya se encuentran tensionados.
Ruta atlántica
Delgado también llamó la atención sobre la situación de la ruta migratoria atlántica, considerada una de las más peligrosas del mundo. Según datos de la ONG Caminando Fronteras citados por la consejera, 1.906 personas fallecieron en 2025 cuando intentaban alcanzar las costas canarias.
Tanto el informe aprobado por el Consejo de Gobierno como la carta remitida por Clavijo insisten en que la participación de Canarias en la aplicación del Pacto Europeo de Migración no debe limitarse a un papel consultivo, sino que resulta imprescindible para anticipar impactos, coordinar respuestas y adaptar las medidas a las singularidades del Archipiélago.