Canarias ha reclamado este miércoles tener "voz" tanto en Europa como en España en las políticas migratorias por su condición de frontera exterior de la Unión Europea. El Gobierno autonómico ha lamentado que las islas no hayan sido tenidas en cuenta en la elaboración del Pacto Europeo de Migración y Asilo ni en el plan diseñado para aplicarlo en España.
La reivindicación se ha producido durante la inauguración del seminario sobre migraciones que organiza cada año en Canarias el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), centrado en esta edición en las repercusiones del nuevo pacto europeo.
"Bruselas legisla"
El viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, ha advertido de que la solidaridad que persigue el pacto "se queda en el papel", ya que, a su juicio, "no se pueden descentralizar las obligaciones y centralizar las decisiones".
Rodríguez ha insistido en que Canarias, como frontera exterior de la UE, debería haber tenido participación tanto en las negociaciones en Bruselas como en el plan de implementación elaborado por el Gobierno de España.
"Bruselas legisla, Madrid decide y Canarias paga las consecuencias de las decisiones", ha asegurado el viceconsejero, que también ha reclamado que los fondos europeos destinados a atender el fenómeno migratorio se regionalicen para facilitar una gestión más adecuada de esta realidad.
El seminario reúne a magistrados de distintos tribunales españoles, representantes de organizaciones no gubernamentales y miembros de las fuerzas de seguridad para analizar las consecuencias jurídicas y prácticas del nuevo marco migratorio europeo.
El triaje de menores
Por su parte, el viceconsejero de Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, José María Riestra, ha defendido que el nuevo procedimiento de triaje de los menores migrantes no acompañados previsto por el pacto europeo corresponde al Estado.
En declaraciones a los periodistas, Riestra ha respaldado por ello que sea el Tribunal Supremo el que dirima la cuestión. "La competencia es del Estado", ha señalado, aunque ha precisado que puede acordarse una colaboración con la comunidad autónoma para desarrollar estas funciones.
El viceconsejero ha incidido además en el retraso acumulado en la aplicación de estos procedimientos y en las consecuencias que está generando.
Falta de mecanismos
La abogada especializada en procesos migratorios Patricia Fernández Vicéns ha considerado que "no se han hecho bien los deberes" para poner en marcha el pacto en España.
Entre las carencias, ha señalado que todavía no se ha determinado qué persona debe ejercer como representante independiente del menor, al margen de las autoridades. Según ha explicado, desde la aprobación del acuerdo en 2024 no se habría avanzado en este aspecto.
Fernández Vicéns considera que debería haberse formado previamente a personal especializado para desempeñar estas funciones. También ha señalado que la responsabilidad del triaje corresponde al Estado, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
A su juicio, uno de los principales problemas que está provocando el retraso en la resolución de los expedientes de menores es la falta de mecanismos adecuados y de intérpretes con perspectiva de género y de infancia.
La abogada ha indicado que en Canarias no ha aumentado el número de llegadas de menores migrantes, pero "se sigue teniendo el mismo tapón que antes del pacto". También ha calificado de "dramático" el caso de Ceuta, donde, según ha señalado, se han tenido cinco semanas para realizar el triaje y se ha comenzado durante la última.
Fernández Vicéns ha advertido asimismo de que cualquier situación de falta de aplicación de la legislación o de alegalidad supone un "riesgo importante de vulneración de derechos humanos".
Más control judicial
Por otro lado, la especialista ha advertido de que el pacto europeo y el reglamento de retorno aprobado por el Parlamento Europeo contemplan numerosas medidas de internamiento, incluso más de las previstas actualmente por la legislación española.
Por este motivo, ha considerado "imprescindible" que jueces y fiscales sean conscientes de la importancia de controlar estas medidas para evitar posibles vulneraciones de los derechos humanos.
La jornada del CGPJ aborda así los principales retos jurídicos derivados de la aplicación del nuevo marco europeo de migración y asilo, con especial atención a la situación de las personas migrantes y los menores no acompañados en territorios fronterizos como Canarias.
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