Canarias, junto al resto de las 17 comunidades autónomas, ha suscrito un documento conjunto en el que solicita al Ministerio de Sanidad que reinicie la negociación del anteproyecto de ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, al considerar que la reforma se ha tramitado sin el consenso suficiente entre las administraciones y sin una evaluación técnica adecuada de sus consecuencias.

El posicionamiento común, al que ha tenido acceso EFE, fue trasladado este jueves durante la reunión de la Comisión Técnica Delegada de Recursos Humanos del Ministerio por la directora de Personas y Talento de Osakidetza, Josune Retegi, y llega un día antes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), donde el texto volverá a centrar el debate entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

Canarias se suma al frente común

El documento ha sido respaldado por todas las comunidades autónomas, incluida Canarias, que participa así en una posición unánime para reclamar que el texto vuelva al grupo de trabajo constituido en 2023 para la actualización del Estatuto Marco. En las últimas semanas, varios consejeros de Sanidad ya habían solicitado al Ministerio reabrir las negociaciones desde el inicio.

Las autonomías coinciden en que el actual estatuto, vigente desde 2003, necesita adaptarse a la realidad del sistema sanitario, aunque consideran que una reforma de este alcance requiere amplios acuerdos tanto entre las administraciones como con los profesionales para garantizar su aplicación y sostenibilidad.

Críticas al procedimiento

Las comunidades sostienen que el Ministerio ha modificado la metodología habitual empleada en reformas anteriores del Sistema Nacional de Salud. En concreto, critican que el proceso se haya desarrollado sin la cooperación institucional, el análisis técnico previo y la búsqueda de consensos que, a su juicio, han caracterizado tradicionalmente este tipo de normas.

Además, consideran insuficiente la participación de los órganos de coordinación entre administraciones durante la elaboración de las últimas versiones del texto. Entre las críticas destacan el papel limitado que ha desempeñado la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, cuya intervención consideran insuficiente para una reforma de esta magnitud.

Impacto sobre los servicios de salud

Uno de los principales argumentos del documento es que las modificaciones introducidas en la fase final de la negociación no han ido acompañadas de una evaluación técnica que permita medir sus efectos sobre la organización de los sistemas sanitarios autonómicos.

Las comunidades advierten de que aspectos como la jornada laboral, los descansos, las guardias, la clasificación profesional, las retribuciones complementarias, la dedicación del personal o la planificación de plantillas pueden afectar directamente a la continuidad asistencial, la disponibilidad de profesionales y la capacidad organizativa de los distintos servicios de salud.

En este sentido, alertan de que una reforma sin ese análisis previo podría generar dificultades para su aplicación, aumentar la conflictividad jurídica y comprometer la prestación de la asistencia sanitaria.

Piden financiación y una memoria económica

Otro de los puntos que recoge el decálogo es la exigencia de que el Gobierno elabore una memoria económica rigurosa que cuantifique el coste de las medidas previstas y garantice una financiación suficiente para que las comunidades puedan asumir su implantación.

Las autonomías consideran que las últimas modificaciones del anteproyecto responden principalmente al resultado de la negociación mantenida con las organizaciones sindicales, sin un estudio paralelo sobre su viabilidad operativa, las necesidades adicionales de personal que implican o los recursos económicos necesarios para aplicarlas.

Volver al grupo de trabajo de 2023

Ante esta situación, las comunidades proponen devolver el texto al grupo de trabajo para la actualización del Estatuto Marco, creado en 2023, al entender que es el órgano técnico más adecuado para culminar la reforma desde una perspectiva compartida por todas las administraciones.

Asimismo, apelan al principio de lealtad institucional y manifiestan su disposición a seguir participando en la elaboración de la norma con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible entre administraciones y profesionales.

En su escrito, las comunidades concluyen que sus observaciones buscan mejorar el futuro estatuto y recuerdan que el éxito de la reforma dependerá de su capacidad para compatibilizar la ampliación de los derechos laborales de los profesionales sanitarios con las necesidades organizativas y asistenciales de los distintos servicios de salud, entre ellos el Servicio Canario de la Salud (SCS).