Canarias fue la tercera comunidad autónoma que menos inversiones reales recibió del Estado durante 2025. El Archipiélago contabilizó 227,86 millones de euros, una cifra que representa apenas el 1,5 % del total de la inversión regionalizable. Solo La Rioja (0,6 %) y Navarra (1,2 %) quedaron por debajo.
Los datos figuran en la distribución territorial de la inversión del sector público estatal correspondiente a 2025, elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). El reparto está condicionado por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para ese ejercicio.
Reparto nacional
La comunidad que concentró el mayor volumen de inversión fue la Comunidad de Madrid, con 3.217 millones de euros, el 20,9 % del total regionalizable. Le siguieron la Comunitat Valenciana (11,3 %), Andalucía (10,5 %) y Galicia (10,3 %).
Por su parte, Cataluña ocupó la quinta posición, con 1.321 millones de euros, equivalentes al 8,6 % del total de la inversión territorializada.
Inversión regionalizable
En conjunto, las inversiones reales del sector público estatal ascendieron en 2025 a 25.764 millones de euros, incluyendo las ejecutadas por la Administración General del Estado, los organismos autónomos, el sector público administrativo y el sector público empresarial.
No obstante, más de la mitad de ese importe no puede asignarse a una comunidad autónoma concreta, al corresponder a actuaciones ejecutadas en el extranjero, por servicios centrales de la Administración o por otros conceptos no territorializables. De este modo, la inversión regionalizable se situó en 15.369 millones de euros.
Otras regiones
Tras Madrid, Comunitat Valenciana, Andalucía, Galicia y Cataluña, el ranking de inversión estatal continúa con Castilla y León, que recibió 1.221 millones de euros; Región de Murcia, con 936 millones; Aragón, con 716 millones; y Castilla-La Mancha, con 676 millones.
La distribución territorial distingue las inversiones ejecutadas por la Administración General del Estado, los organismos autónomos y otras entidades, el sector público administrativo y el sector público empresarial, cuya suma determina el volumen total de inversión asignado a cada territorio.
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