El Gobierno de Canarias ha pagado ya 275,1 millones de euros de los 316 millones pactados con los promotores turísticos para indemnizarlos por los efectos de la moratoria turística. El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha informado este jueves en comisión parlamentaria de que se han abonado 27 de los 36 acuerdos alcanzados.
La operación, que busca cerrar los litigios derivados de la moratoria turística, ha vuelto a generar controversia en el Parlamento. Nueva Canarias ha reclamado explicaciones sobre el cálculo de las indemnizaciones y ha cuestionado que los importes pactados superen ampliamente las valoraciones recogidas en informes técnicos anteriores.
El origen de los pagos
Las compensaciones tienen su origen en la Ley canaria de Medidas Urgentes de 2009, que permitió a los propietarios de determinados terrenos turísticos sin edificar afectados por la moratoria solicitar su reclasificación como suelo rústico y una indemnización por sus derechos edificatorios.
Tras los recursos presentados por los propietarios, los tribunales obligaron al Ejecutivo autonómico a tramitar las solicitudes, aunque no determinaron la cuantía que debía abonarse. Finalmente, el Gobierno alcanzó 36 acuerdos por un importe total de 316 millones de euros.
La diputada de Nueva Canarias Esther González ha cuestionado cómo se llegó a esa cifra. Según ha expuesto, el jefe del Servicio de Valoraciones de la Consejería elaboró 36 informes entre 2020 y 2021 con diferentes criterios para calcular las indemnizaciones, cuyas valoraciones más elevadas se situaban por debajo de los importes finalmente pactados.
González ha preguntado quién decidió apartarse de esos informes, qué documentación respaldó esa decisión y cómo se justifica que los propietarios mantengan los terrenos y la posibilidad de desarrollarlos urbanísticamente.
Nueva Canarias reclama explicaciones
La diputada también ha puesto en duda que el Gobierno presente el acuerdo como un ahorro respecto a las cantidades reclamadas inicialmente por los promotores. Estos solicitaban 652 millones de euros en indemnizaciones, a los que, según Miranda, habría que añadir otros 337 millones en intereses.
"Reconocer una obligación no significa dar por buena cualquier cantidad", ha afirmado González, que ha reclamado conocer qué riesgos valoró el Ejecutivo antes de cerrar el acuerdo y por qué consideró que los 316 millones eran la opción más conveniente para el interés público.
La parlamentaria ha denunciado, además, que su grupo recibió 31 de los 36 acuerdos sin sus anexos, pese a haber solicitado la documentación completa. Por ello, ha exigido acceso a los informes técnicos, jurídicos y financieros que sustentan las cantidades pactadas.
Miranda se ha comprometido a remitir los expedientes a los grupos parlamentarios y ha defendido que las valoraciones fueron realizadas por funcionarios autonómicos. También ha asegurado que los acuerdos contaron con el aval de los servicios jurídicos de la Consejería y del Gobierno de Canarias.
Cómo se calcularon las indemnizaciones
El consejero ha explicado que los técnicos calcularon las compensaciones aplicando el interés legal del dinero al valor de los aprovechamientos urbanísticos durante el periodo comprendido entre el 13 de noviembre de 2009, fecha límite para presentar las solicitudes, y el 31 de enero de 2025.
El objetivo, según Miranda, era compensar la "pérdida de oportunidad" de los propietarios de obtener rentabilidad mediante otra inversión, sin llegar a abonarles el valor íntegro de los aprovechamientos urbanísticos.
El Gobierno sostiene que el acuerdo evitó que la comunidad autónoma tuviera que afrontar 36 pleitos con un resultado judicial incierto. Miranda ha advertido de que el coste adicional de los litigios podía alcanzar unos 800.000 euros mensuales mientras se resolvían.
32 acuerdos homologados
En cuanto al estado de los expedientes, 32 de los 36 acuerdos ya cuentan con homologación judicial, después de que este miércoles se recibiera la última resolución.
El primer pago se realizó el 14 de agosto y ascendió a 261,2 millones de euros, correspondientes a 25 acuerdos. El segundo, efectuado el 26 de octubre, fue de 13,9 millones. Ambas cantidades incluyen los intereses.
De los nueve acuerdos que todavía están pendientes de pago, cinco ya han sido homologados judicialmente y cuatro esperan la resolución de los tribunales.
Miranda ha defendido que la homologación judicial ofrece garantías de que lo pactado se ajusta a derecho y protege el interés público. También ha advertido de que, si los procedimientos se hubieran prolongado y los tribunales hubieran dado la razón a los promotores, las indemnizaciones y los intereses acumulados podrían haber alcanzado una cuantía "inasumible" para las arcas autonómicas.
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