El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha garantizado este miércoles que su comunidad acogerá a los menores migrantes no acompañados reubicados desde Ceuta, Melilla y Canarias, tal y como ha establecido el Gobierno de España, aunque su Ejecutivo haya recurrido al Tribunal Constitucional por considerar que la medida carece de financiación suficiente.

"Vamos a cumplir con la ley, nos guste o no", afirmó García-Page tras una reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en Toledo, donde ambos firmaron un convenio de cesión tecnológica y abordaron la polémica reubicación de menores migrantes.

Llegarán 320 menores a partir de agosto

Según los planes del Ministerio de Infancia, Castilla-La Mancha comenzará a recibir a partir del 28 de agosto a 320 menores procedentes de los territorios fronterizos. La Junta regional ha calificado esa cifra de “inasumible” sin un aumento en los fondos estatales para hacer frente al coste.

Fernando Clavijo recordó que Castilla-La Mancha "siempre cumplió con los compromisos" y recalcó que “el Estado debía comprometerse con la financiación” al aprobar esta medida de solidaridad entre comunidades autónomas.

Page denuncia falta de consenso

Aunque García-Page se comprometió a cumplir con la norma, señaló que su Gobierno no hubiera recurrido al Constitucional si el Ejecutivo central “se hubiera mantenido en los consensos de 2024” y no hubiese negociado con “la extrema derecha que, en su opinión, representa Junts”.

Acusó al expresidente catalán Carles Puigdemont de alterar el acuerdo en el último momento “para excluir a algunas autonomías” y establecer “un sistema de financiación que impone gastos sin dotación presupuestaria”.

Críticas al papel del Estado

El presidente castellanomanchego fue más allá al afirmar que existe una intención de desviar el problema de la emigración ilegal hacia los menores, lo que, según su visión, permite al Estado “desentenderse del problema” y transferirlo a las comunidades autónomas.

“El Estado lo que está haciendo es desentenderse”, zanjó Page en una comparecencia donde dejó clara su discrepancia con la gestión, pero también su disposición a cumplir con la legalidad vigente.