El Congreso de los Diputados rechazó este jueves la propuesta de Coalición Canaria para reconocer expresamente las funciones de policía judicial del Cuerpo de Policía Canaria, con los votos en contra del PSOE, PP y Vox. La iniciativa buscaba otorgar seguridad jurídica al cuerpo autonómico, equiparándolo con los cuerpos policiales de Cataluña, País Vasco y Navarra.

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, lamentó que “una vez más” se haga evidente que el respeto a los derechos estatutarios “depende del número de escaños de quien los reclama”. La enmienda se presentó como parte de la Proposición de Ley de Multirreincidencia, impulsada por Junts, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que fue aprobada de forma definitiva en el Pleno.

"Enmienda intrusa"

Durante el debate, Valido criticó que su iniciativa fuera calificada como “enmienda intrusa”, señalando que la valoración de una propuesta “depende del número de escaños” de quien la presenta. “Si ustedes votan en contra, los canarios van a tener más claro que tendremos que llegar, como mínimo, a los siete”, advirtió.

La diputada defendió que la enmienda era coherente con el Estatuto de Autonomía de Canarias, que reconoce la integridad de las funciones de la Policía Canaria, y que su aprobación supondría “una mejora real” del modelo de seguridad y de la lucha contra la delincuencia. Recordó que, en la práctica, el cuerpo autonómico ya atiende requerimientos judiciales ante la falta de efectivos de otros cuerpos, como ocurre en Las Palmas con delitos contra la infancia y la adolescencia, y en tareas de protección de menores o vigilancia de centros sanitarios.

Estatuto de Autonomía

“Negar ahora esa plena operatividad es desaprovechar recursos y evitar la eficacia y la eficiencia de la inversión pública que el Gobierno canario está haciendo en seguridad”, añadió Valido. La diputada insistió en que lo planteado en la enmienda es “de justicia” y cuestionó: “si ya ocurre donde hay policías autonómicas, ¿por qué en Canarias no?”.

La propuesta de Coalición Canaria pretendía que la Policía Canaria se rigiese principalmente por el Estatuto de Autonomía, aplicando la ley estatal solo de forma supletoria, y que se reconocieran expresamente sus funciones judiciales para investigar delitos, colaborar con jueces y fiscalía, asegurar pruebas y elaborar informes técnicos y periciales. También planteaba la creación de unidades específicas de Policía Judicial, adscritas a juzgados, tribunales o al Ministerio Fiscal según criterios de especialización, cuyos agentes dependerían funcionalmente de la autoridad judicial en cada investigación.

Iniciativa

Desde Coalición Canaria subrayan que la iniciativa se fundamenta en las competencias que el Estatuto otorga a la comunidad en seguridad pública y en ámbitos como turismo, juego o protección del medio ambiente, donde la investigación de conductas delictivas resulta necesaria. Además, recuerdan que ya existe colaboración efectiva con los órganos judiciales, lo que hace indispensable reconocer y ordenar de manera clara el papel de la Policía Canaria como cuerpo con funciones de policía judicial.