La ley aprobada esta semana para agilizar las licencias urbanísticas podría terminar en los juzgados. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias ha anunciado este viernes que va aestudiar las actuaciones jurídicas que procedan contra la Ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, al considerar que supone "un paso decisivo en la privatización de funciones públicas esenciales para el control del territorio y del uso del suelo". Así lo señala el sindicato en un comunicado difundido este viernes.
El sindicato se suma a las críticas de Nueva Canarias y del PSOE que a lo largo de toda la tramitación parlamentaria alertaban del riesgo de privatización de los informes técnicos que supondría. El sindicato lamenta la aprobación de la norma pese a los reparos planteados por el Consejo Consultivo de Canarias y al rechazo expresado por profesionales y personal de oficinas técnicas y gerencias de urbanismo. A juicio del sindicato, la ley "subordina el interés general a lógicas privadas y mercantiles" en un territorio sometido a una elevada presión urbanística, trasladan en el comunicado.
Informes privados
Uno de los principales motivos de preocupación para la organización sindical es la regulación de los denominados informes técnicos de conformidad, que podrán ser emitidos por colegios profesionales, entidades urbanísticas de colaboración o medios propios personificados. Según denuncia, cuando estos informes sean favorables sustituirán el informe técnico municipal sobre los aspectos analizados y no requerirán una verificación posterior por parte de la Administración competente.
Para CCOO, este sistema desplaza a los servicios técnicos municipales en funciones directamente relacionadas con el ejercicio de potestades públicas y la garantía de la legalidad urbanística. El sindicato sostiene que las decisiones sobre qué puede construirse y en qué condiciones "no deben convertirse en una prestación sujeta a las reglas del mercado y de la rentabilidad".
Coste y acceso al sistema
El comunicado también critica que la ley permita que los informes privados sean solicitados por las personas interesadas, que deberán asumir un coste de entre el 0,5% y el 3% del presupuesto de ejecución material del proyecto. Según CCOO, este modelo favorece especialmente a los grandes promotores con capacidad económica para recurrir a una vía privada de tramitación, mientras sitúa en desventaja a la ciudadanía y a las iniciativas con menos recursos.
En este sentido, el sindicato rechaza que la emergencia habitacional se utilice "como coartada para crear un nuevo mercado en torno a las licencias urbanísticas" y defiende que la solución al problema de la vivienda pasa por incrementar la inversión pública, ampliar el parque público de alquiler y adoptar medidas para contener los precios.
Autonomía local y acciones legales
CCOO también denuncia que la ley supone una intromisión en la autonomía municipal al obligar a los ayuntamientos a aprobar un acuerdo plenario si desean rechazar la utilización de informes privados promovidos por particulares. Además, advierte de que otras modificaciones incluidas en la norma pueden alterar el planeamiento municipal y recuerda que la calificación de las viviendas asequibles incentivadas tendrá una duración de siete años, tras los cuales pasarán a ser viviendas libres, salvo las excepciones previstas.
El sindicato señala que varios ayuntamientos, entre ellos Candelaria, Las Palmas de Gran Canaria y Santa María de Guía, ya han expresado su rechazo a esta regulación, al igual que profesionales de oficinas técnicas y gerencias de urbanismo, que han suscrito un manifiesto contra la privatización de estas funciones públicas.
Finalmente, CCOO sostiene que la ley traslada competencias propias de la Administración a entidades sujetas al derecho privado, lo que, a su juicio, podría entrar en conflicto con la doctrina del Tribunal Supremo. Por ello, anuncia que estudiará las acciones jurídicas oportunas frente a una norma que considera que debilita el control público del suelo, reduce las garantías sobre el interés general del territorio y abre la puerta a la compraventa de informes urbanísticos.
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