El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este lunes sobre la gravedad institucional que supone que el Tribunal Supremo haya tenido que dictar dos autos para obligar al Gobierno de España a cumplir su responsabilidad con los menores migrantes solicitantes de asilo que se encuentran en el archipiélago. “Lo preocupante”, señaló Clavijo, “es que el Estado no asuma una competencia que le corresponde, con un protocolo perfectamente definido”.

El presidente autonómico se pronunció así en rueda de prensa, en la víspera de la reunión prevista entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Canarias para concretar el acuerdo de acogida de más de mil menores migrantes no acompañados que, aunque ya han solicitado asilo, permanecen en recursos de protección de las Islas.

Derechos vulnerados

Clavijo insistió en que, desde Canarias, “seguimos en las mismas”, esperando a que el Estado inicie un procedimiento claro: dar de alta a los menores en el sistema de asilo y, a partir de ahí, coordinar con el Gobierno autonómico su derivación a los recursos estatales de acogida, bajo la supervisión de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Mientras esto no ocurre, el presidente advirtió que se están vulnerando los derechos de estos niños y niñas, expuestos a situaciones de hacinamiento y a una falta de atención adecuada, al no contar con el respaldo estatal previsto para los solicitantes de protección internacional.

Respeto y protección

El acuerdo que se espera materializar este martes responde a una orden del Tribunal Supremo, que instó al Gobierno de España a asumir la atención de estos menores, en cumplimiento de su responsabilidad legal. Para Clavijo, no es solo un asunto jurídico, sino una cuestión de “respeto institucional y protección de los más vulnerables”.