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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante un pleno del Parlamento de Canarias./ EFE

Clavijo y el PP culpan al anterior Gobierno del problema de la vivienda en Canarias

El presidente autonómico defiende que el presupuesto de 2026 refuerza las ayudas, la rehabilitación y la construcción con 197 millones de euros

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el líder del grupo Popular en el Parlamento autonómico, Juan Manuel García Casañas, coincidieron este martes en atribuir al anterior Ejecutivo regional la crisis de vivienda que atraviesa el archipiélago. Ambos señalaron la “parálisis heredada” como el origen del déficit habitacional, aunque el jefe del Gobierno aseguró que las medidas ya puestas en marcha “mejorarán la situación”.

“La herencia en vivienda del anterior Gobierno es una herencia pobre y de parálisis absoluta”, afirmó Clavijo durante su intervención en el pleno parlamentario. García Casañas, por su parte, acusó al PSOE y al expresidente Ángel Víctor Torres de no haberse “afanado en solucionar este problema y dejar este muerto a todos los canarios”.

Vivienda, prioridad en el presupuesto

Clavijo subrayó que el próximo presupuesto autonómico de 2026 incluye un incremento superior al 15 % para el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dispondrá de 197,4 millones de euros. De esa cantidad, 141 millones se destinarán a rehabilitación y construcción, un 46 % más que en el ejercicio anterior.

El plan contempla también 37 millones para el bono vivienda joven y dos millones para programas de vivienda en entornos rurales. Además, el Ejecutivo ha ampliado el registro de demandantes y extendido la bonificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) a más contribuyentes y tramos de renta.

“El 77 % de los actuales contribuyentes en Canarias que compren una vivienda para uso habitual podrán beneficiarse de esta bonificación”, precisó el presidente, que añadió que Visocan contará con 80,9 millones de euros en 2026.

Reformar la Ley de Vivienda

Clavijo insistió en que, pese al esfuerzo regional, el Gobierno central debe implicarse en la solución del problema y modificar la actual Ley de Vivienda. “Estamos convencidos de que todas estas acciones mejorarán el acceso a la vivienda, pero el Estado también tiene que hacer su parte”, concluyó.