Coalición Canaria quiere abrir una nueva vía para que los turistas contribuyan a financiar los servicios de las islas sin que ese coste recaiga también sobre los residentes. La fórmula que plantea es la implantación de precios públicos en lugar de una tasa turística, una alternativa que Fernando Clavijo considera más adecuada para diferenciar entre quienes viven en Canarias y quienes llegan de vacaciones.
El presidente del Gobierno autonómico revela, en una entrevista concedida a Atlántico Hoy, que su formación ya dispone de un documento con esta propuesta y que probablemente se incorporará al programa electoral de 2027. La iniciativa permitiría a cabildos y ayuntamientos establecer estos cobros, siempre que la comunidad autónoma habilite previamente el marco jurídico necesario.
— [Pregunta] Hay una cuestión relacionada con el turismo que estuvo muy presente durante los primeros años de la legislatura: la tasa turística. Los visitantes también consumen infraestructuras y servicios. ¿Es un asunto que Coalición Canaria volverá a plantear en la próxima legislatura o que podría incorporar a su programa electoral de 2027?
— [Respuesta] Tenemos un documento con una propuesta que probablemente se trasladará al programa electoral de 2027, aunque eso tendrán que decidirlo los compañeros y compañeras del partido. En ese documento seguimos defendiendo que la subida del IGIC es más justa y más correcta. Pero, al mismo tiempo, porque no tiene por qué ser una cosa o la otra, queremos habilitar un espacio para que cabildos y ayuntamientos puedan establecer, no tasas turísticas, sino precios públicos.
¿Y por qué precios públicos? Sé que periodísticamente vende más hablar de tasa turística, pero el precio público es lo que permite discriminar para que lo pague el turista y no el residente. Si es una tasa por la utilización del dominio público, la paga todo el mundo. Pero, si es un precio público, puedes establecer diferencias.
Por ejemplo, una persona de Lanzarote que tiene que desplazarse a Gran Canaria porque un familiar está ingresado en el hospital y necesita quedarse dos o tres días no tendría por qué pagar. Con un precio público puedes establecer que los residentes no lo paguen, pero los turistas sí.
Eso permitiría que los cabildos y ayuntamientos que lo consideren conveniente puedan implantarlo. Lo que necesitan es el marco jurídico de la comunidad autónoma.
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