El presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), José Luis Langa, se reunió esta semana con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con el fin de reactivar la comisión mixta constituida en enero de 2023 con ocasión de las transferencias de competencias al gobierno autonómico.
El llamado Protocolo de cooperación entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y la Asociación Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas se rubricó con el Gobierno de Canarias y conlleva el compromiso de mantener encuentros periódicos entre la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, el Gobierno de Canarias, la Fecai y la Fecam.
En octubre
Según ha confirmado Langa a Atlántico Hoy, esta comisión mixta se reunirá al fin en el próximo mes de octubre, “al objeto de ver y valorar todas las situaciones de los que están afectados por la Ley de Costas y poder salvar a todos aquellos que llevan años sufriendo los efectos de la misma”.
Comenta el presidente de la Pcalc que la reunión fue “muy positiva” con una gran implicación del Ejecutivo, con la asistencia de la consejera de Turismo, Jéssica de León el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, y el director general de Costas, Antonio Manuel Acosta.
“Tenemos que cortar el cordón umbilical que con la Administración del Estado”, argumenta. Algo en lo que, asegura, está en “total coincidencia” el presidente Clavijo. Por ello se revisará el traspaso de las competencias en materia de Costas, para garantizar la integridad de la gestión de todo el territorio canario.
El caso de Los Molinos
Cree el entrevistado que había que haber sido “mucho más firmes” en las transferencias de competencias, lo que ha llevado a que en la actualidad la Dirección General de Costas esté ejecutando “resoluciones que hace 10, 15 o 20 años que estaban paralizadas y ahora les ha dado una prisa tremenda”.
Pone como ejemplo el caso de Los Molinos, en Fuerteventura, donde se están recibiendo diferentes resoluciones de recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre cuyo inicio se remonta al año 1994.
En este sentido, en la reunión se trató la posibilidad de suspender la ejecución de los expedientes en trámite en la Demarcación de Costas hasta el 31 de diciembre de 2022. “Vamos a intentar evitar que no se ejecute nada hasta que tengamos la competencia absoluta”, finaliza.