El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad este miércoles crear una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades políticas derivadas de la contratación de material sanitario durante la pandemia. Ya son tres los casos que salpican los contratos del Servicio Canario de Salud durante el gobierno de Ángel Víctor Torres: caso Koldo y caso Mascarillas.
Han sido el Grupo Parlamentario Nacionalista, el Partido Popular y Vox quienes han presentado la petición para la creación de esta comisión, que ha sido respaldada por los seis grupos de la Cámara, incluido el PSOE.
Los proponentes
La iniciativa la ha defendido el diputado de Coalición Canaria, José Alberto Díaz-Estébanez, quien aseguró que "no se puede alegar sorpresa a lo sucedido con la gestión y el número de irregularidades", de modo que se ha hecho "imprescindible" responder a las dudas planteadas por investigaciones policiales y querellas. "La comisión no será una piñata para golpear adversarios políticos sino que deberá aportar luz sobre lo sucedido y es además complementaria a otras comisiones de investigación en otros parlamentos", ha resumido Díaz Estébanez.
También crítica se mostró la diputada del Partido Popular, Luz Reverón, quien ha apuntado que la creación de esta comisión de investigación es un ejercicio de transparencia y calidad democrática "que fue impedido en la legislatura pasada por los partidos que entonces apostaron por la opacidad". "Aunque digan que no tienen que esconder, hace año y medio no solo votaron en contra de la comisión sino que en un debate de censura propio de tiempos predemocráticos negaron la posibilidad de votar si se llevaba a cabo", ha dicho.
Por su parte, el portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha esgrimido que hay motivos suficientes para crear la comisión y analizar las responsabilidades políticas y ha agregado que la corrupción política es "inherente" al PSOE. Ha abogado por destapar las corruptelas independientemente de a quién afecte y ha opinado que la trama no se circunscribe "solo a un asesor" porque es imposible que sea así.
Sin investigados
El principal partido apelado en esta cuestión ha sido el PSOE, ya que lideraba el gobierno durante la pandemia. El portavoz del grupo socialista, Sebastián Franquis, ha dicho que no se puede dar lecciones a su partido y ha expresado que cualquier fuerza política que esté en el Gobierno puede tener casos de corrupción, si bien la diferencia es en "cómo se actúa".
"No hay ningún militante del PSOE investigado, ningún responsable del PSOE acusado. Hay responsables políticos que están investigados por corrupción y no están en mi bancada. Somos los primeros interesados en que se investigue hasta el fondo y si se descubre que alguien ha metido la mano seremos los primeros en exigir responsabilidades", ha resumido Franquis. Ha señalado que Torres es, "como todos saben", un hombre honrado y ha acusado a los grupos proponentes de querer embarrar.
Fiscalizar al Gobierno
El diputado Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente, ha defendido que aunque en el Parlamento canario no sean jueces, sí tiene entre sus tareas las de fiscalizar el Gobierno y establecer las responsabilidades políticas de comportamientos impropios. Por su parte, el diputado de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos ha señalado que es responsabilidad del Parlamento tomar cartas en el asunto si bien ha pedido no "dictar sentencia", pues eso está en manos de la Justicia.
El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, ha esgrimido que, hasta ahora, no habían apoyado nunca la creación de comisiones de investigación porque pese a que sea una herramienta contemplada como un mecanismo de control, la realidad es que "siempre se pervierten" como se ha visto el Congreso y el Senado.