El Tribunal Constitucional ha inadmitido los dos recursos de amparo electoral presentados por Drago Canarias contra la utilización de las siglas UPC por parte de la coalición formada por Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Movimiento Sumar. El alto tribunal ha rechazado tramitar las acciones judiciales al considerar que no concurre el requisito de "especial trascendencia constitucional", sin llegar a examinar el fondo de la controversia.
La decisión corresponde a la Sección Cuarta de la Sala Segunda del Constitucional, que ha notificado dos providencias relativas a los recursos promovidos por la candidatura de Drago Canarias contra los acuerdos de proclamación de las listas de Unidad del Pueblo Canario (UPC) en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
La formación ha destacado que la inadmisión responde a una cuestión procesal y no supone que el tribunal haya analizado o rechazado sus argumentos sobre la utilización de las siglas. En consecuencia, el Constitucional no se ha pronunciado sobre si existe una apropiación de la denominación ni sobre la posible confusión que podría generar entre los electores.
Sin pronunciamiento sobre las siglas
Drago Canarias sostiene que la decisión del Constitucional no invalida su planteamiento jurídico, puesto que el tribunal no ha entrado a valorar la posible vulneración del derecho fundamental a la participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución.
La formación fundamentaba sus recursos en que la denominación UPC ya está vinculada a la histórica Unión del Pueblo Canario y a Movimiento UPC, un partido que, según señala, permanece inscrito en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.
La organización considera que la utilización de esas siglas por la coalición electoral puede inducir a confusión entre los votantes, especialmente entre quienes las identifican con el histórico movimiento soberanista de izquierdas de las islas.
El Constitucional, sin embargo, ha limitado su decisión al requisito de admisión de los recursos. La especial trascendencia constitucional es una condición legal que exige que el asunto presente relevancia para la interpretación, aplicación o eficacia general de la Constitución y para determinar el alcance de los derechos fundamentales.
Una disputa antes del 29N
La batalla por las siglas UPC se intensificó a principios de noviembre, cuando Drago Canarias presentó recursos contencioso-electorales contra la proclamación de las candidaturas de la coalición en las dos provincias canarias.
La controversia llegó también a las juntas electorales. La Junta Electoral Provincial de Las Palmas decidió paralizar preventivamente la confección de las papeletas al Congreso y al Senado en Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote hasta que la Justicia resolviera si la denominación podía inducir a confusión con las siglas históricas de Unión del Pueblo Canario.
Posteriormente, el 9 de noviembre, Drago formalizó los dos recursos de amparo ante el Constitucional a petición expresa de Movimiento UPC, con el objetivo de conseguir que la coalición modificase su denominación o retirase las siglas de las papeletas electorales.
La coalición cuestionada está integrada por Nueva Canarias-Bloque Canarista, Podemos Canarias, Izquierda Unida Canaria y Movimiento Sumar Canarias y concurrirá conjuntamente a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre bajo la marca Unidad del Pueblo Canario.
Drago insiste en que su reclamación no pretende excluir las candidaturas de estas formaciones, sino retirar el acrónimo UPC para evitar posibles confusiones en el momento de votar.
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