Canarias sigue sin saber cuántos de sus electores residentes en el extranjero podrían quedarse sin votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Tribunal Constitucional ha rechazado este miércoles 21 de octubre el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión cautelar del derecho al voto de 163.020 españoles nacionalizados mediante la conocida como ley de nietos.
La decisión tiene especial relevancia para el Archipiélago, que mantiene fuertes vínculos históricos con países como Venezuela y Cuba, donde residen decenas de miles de ciudadanos con derecho a participar en las elecciones españolas.
Según los datos del censo electoral recogidos por Atlántico Hoy, Canarias cuenta actualmente con 189.920 electores residentes en el extranjero, 27.066 más que en las elecciones generales de 2023. Sin embargo, todavía no existe información oficial que permita determinar cuántos de ellos obtuvieron la nacionalidad a través de la ley de nietos y están afectados por la medida judicial.
El Constitucional rechaza
El Tribunal Constitucional ha decidido, por diez votos frente a dos, no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión acordada por el Tribunal Supremo.
La mayoría de los magistrados considera que el recurso es prematuro, puesto que todavía no se ha agotado la vía judicial ordinaria y el Supremo debe resolver sobre el fondo del asunto.
Por tanto, el Constitucional no se ha pronunciado sobre si la suspensión del voto es legal o vulnera derechos fundamentales, sino que ha rechazado intervenir mientras continúa abierto el procedimiento judicial.
Los magistrados Ramón Sáez y Juan Carlos Campo han votado en contra de la inadmisión.
La decisión mantiene vigente la suspensión cautelar que afecta a los nacionalizados por la ley de nietos residentes en el extranjero que no hayan acreditado los requisitos establecidos por el Supremo.
El censo canario
El impacto potencial de esta controversia cobra especial importancia en Canarias por el crecimiento del voto exterior durante los últimos años.
La provincia de Santa Cruz de Tenerife cuenta con 124.555 electores residentes en el extranjero, lo que supone un incremento de 17.342 personas respecto a las elecciones generales de 2023.
Venezuela encabeza la lista de países con mayor presencia de electores vinculados a esta provincia, con 46.803 inscritos. Le sigue Cuba, con 43.415, un país en el que el censo ha aumentado en 5.716 personas desde los anteriores comicios.
Por su parte, la provincia de Las Palmas suma 65.365 electores en el extranjero, después de registrar un crecimiento de 9.724 personas desde 2023.
En este caso, Cuba también desempeña un papel destacado, con 28.639 electores vinculados a la provincia oriental.
En conjunto, ambas provincias suman casi 190.000 ciudadanos con derecho al voto desde el exterior, aunque esto no significa que todos estén afectados por la decisión judicial.
Cuántos están afectados
Una de las principales incógnitas sigue siendo el número real de electores canarios alcanzados por la suspensión cautelar.
El Gobierno central reconoció en septiembre que la Oficina del Censo Electoral no registra el motivo por el que cada ciudadano se incorpora al censo de residentes en el extranjero.
Esto significa que no es posible distinguir cuántos de los nuevos electores vinculados a Canarias consiguieron la nacionalidad gracias a la ley de nietos ni identificar, a partir de esos datos, cuántos están afectados por la suspensión.
El crecimiento del censo exterior coincide con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que abrió nuevas posibilidades para acceder a la nacionalidad española a descendientes de emigrantes y exiliados.
Sin embargo, esa coincidencia temporal no permite atribuir todas las nuevas inscripciones a la normativa.
Quiénes pueden votar
El conflicto judicial se centra en determinadas nacionalizaciones obtenidas mediante la ley de nietos, especialmente las vinculadas a una instrucción del Ministerio de Justicia de 2022 que facilitó la acreditación de la condición de exiliado.
El Tribunal Supremo acordó suspender cautelarmente los efectos electorales de esas nacionalizaciones para los residentes en el extranjero que no acreditaran documentalmente su vinculación con españoles exiliados.
La medida afecta a 163.020 personas en el conjunto de España, según los datos incorporados al procedimiento.
No implica la retirada de la nacionalidad española ni supone que todas las personas nacionalizadas mediante la ley de nietos hayan perdido el derecho al voto.
Aquellas que acrediten los requisitos exigidos mediante la correspondiente certificación consular podrán ejercerlo.
Pendientes del Supremo
La decisión del Constitucional no pone fin al conflicto. El Tribunal Supremo todavía debe pronunciarse sobre el fondo de los recursos que originaron la suspensión.
El Defensor del Pueblo había solicitado una intervención urgente para evitar que miles de ciudadanos españoles pudieran quedarse sin participar en las elecciones generales del 29 de noviembre.
El Gobierno, por su parte, mantiene que el derecho al voto no debería suspenderse de forma generalizada mediante una medida cautelar y confía en que el Supremo permita finalmente la participación de los afectados.
Mientras tanto, Canarias llega a la recta final de los preparativos electorales con un censo exterior que ha crecido en más de 27.000 personas y sin conocer cuántas de ellas podrían verse afectadas por la controversia judicial.
El desenlace dependerá de las próximas decisiones del Supremo, cuando queda poco más de un mes para la celebración de las elecciones generales.
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