La formación política Contigo La Palma ha presentado cinco alegaciones al anteproyecto de decreto territorial con el que se pretende aprobar el Reglamento Integrado del Dominio Público Hidráulico de Canarias, sometido a información pública por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno autonómico.
El partido presidido por Javier Gutiérrez Taño respalda el borrador, que considera “un avance en la dirección correcta”, aunque plantea una serie de mejoras para reforzar el control público de las extracciones y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley de Aguas de Canarias.
Ley de Aguas
La Ley de Aguas de Canarias de 1990 estableció un plazo máximo de cincuenta años para los aprovechamientos inscritos como aguas privadas. Ese plazo vence en 2040 y, a partir de ese año, quienes quieran seguir explotando el agua deberán hacerlo mediante una concesión administrativa. Contigo La Palma reclama que esa fecha sea definitiva y que no se permitan prórrogas, moratorias ni fórmulas de continuidad provisional.
Entre las alegaciones presentadas, la formación propone que las reperforaciones o prolongaciones importantes de pozos y galerías privados solo se autoricen cuando sus titulares soliciten al mismo tiempo el paso al régimen de concesión pública.
Sistemas de telemedida
Asimismo, reclama la instalación obligatoria de sistemas de telemedida en todos los pozos y galerías, incluidos los pertenecientes a heredamientos y comunidades de aguas, dentro de un plazo improrrogable que establezca el reglamento. El objetivo es que la Administración pueda conocer la cantidad de agua disponible y las extracciones realizadas.
Otra de las propuestas plantea reforzar la transparencia de los heredamientos, considerados corporaciones de derecho público por la legislación canaria. Contigo La Palma pide que la falta de rendición de cuentas ante el Consejo Insular de Aguas sea considerada una infracción grave.
Desalación
En materia agrícola, la formación propone que la desalación para riego solo se autorice cuando el Plan Insular Hidrológico acredite que el agua procedente de pozos, galerías, nacientes y presas resulta insuficiente para cubrir la demanda. El partido recuerda que la desalación tiene un coste más elevado, consume mucha energía y genera salmuera.
“El anteproyecto de decreto mencionado va bien encaminado, pero lo que pedimos es que no deje ninguna puerta abierta a no respetar los plazos fijados por la Ley de Aguas de Canarias: la extinción de los derechos de las aguas privadas en el año 2040 y de las concesiones públicas en el 2065”, recalca Gutiérrez Taño.
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