Santa Cruz de Tenerife es una de las provincias españolas donde más ha aumentado el número de personas que pueden votar desde el extranjero desde las elecciones generales de 2023. Gran parte de este crecimiento se ha producido en países como Cuba y Venezuela, que tienen una fuerte relación histórica con la emigración canaria.
En apenas tres años, la provincia tinerfeña ha sumado 17.342 electores, hasta alcanzar los 124.555, lo que la convierte en la cuarta provincia española con mayor aumento en términos absolutos, solo por detrás de Madrid, Barcelona y Asturias.
Este crecimiento coincide con la aplicación de la conocida como Ley de Nietos, que ha facilitado el acceso a la nacionalidad española a descendientes de emigrantes, y cuyos efectos electorales están ahora bajo la lupa del Tribunal Supremo.
Países a la cabeza
Venezuela continúa siendo el país con mayor número de electores vinculados a Santa Cruz de Tenerife, con 46.803 inscritos, unos 4.400 más que en 2023. Le sigue Cuba, con 43.415 personas, que ha experimentado un incremento todavía mayor, de 5.716 nuevos electores. Estados Unidos ocupa el tercer lugar, con 12.111 inscritos, tras sumar 4.086 en este periodo.
En la provincia de Las Palmas, el censo exterior también ha aumentado en 9.724 personas, hasta alcanzar los 65.365 electores. Cuba concentra 28.639 de ellos, unos 2.700 más que en las anteriores generales. En conjunto, Canarias cuenta ahora con 189.920 electores residentes en el extranjero, 27.066 más que en 2023.
La Ley de Nietos, en el punto de mira
Parte de este crecimiento coincide con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, cuya disposición adicional octava, conocida como Ley de Nietos, abrió nuevas posibilidades de acceder a la nacionalidad española a descendientes de quienes emigraron o se exiliaron del país.
Hasta el 31 de agosto de 2026, el Gobierno había aprobado 600.684 expedientes de nacionalidad por esta vía, de los que 369.017 habían dado lugar a inscripciones en el Registro Civil.
Sin embargo, no es posible determinar cuántos de los nuevos electores canarios han conseguido la nacionalidad gracias a esta norma. Así lo reconoció el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria del pasado 23 de septiembre, en la que explicó que la Oficina del Censo Electoral no registra el motivo por el que se producen las altas y, por tanto, no puede identificar cuáles corresponden a personas nacionalizadas mediante la Ley de Nietos.
Voto pendiente del Supremo
La situación se ha complicado a las puertas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Tribunal Supremo acordó en septiembre suspender de manera cautelar los efectos electorales de determinadas nacionalizaciones obtenidas mediante la Ley de Nietos, salvo que se acreditase la condición de descendientes de españoles exiliados.
La medida llegó tras los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa, que cuestionaron la aplicación de la normativa y sus consecuencias sobre el censo electoral.
El Gobierno recurrió esta decisión a través de la Abogacía del Estado, que considera que el Supremo se ha excedido en sus competencias y sostiene que no se ha acreditado un riesgo real de alteración de los resultados electorales. También ha advertido de las dificultades que supondría para los consulados revisar los expedientes de nacionalidad y comprobar individualmente los requisitos exigidos.
Recurso presentado
Por ahora, la controversia continúa abierta. El pasado 6 de octubre, el Supremo concedió 48 horas a las partes para presentar nuevas alegaciones antes de pronunciarse sobre el recurso del Ejecutivo, teniendo en cuenta la convocatoria de las elecciones generales y la necesidad de valorar cómo afecta la medida a los ciudadanos implicados.
La decisión judicial no supone la retirada automática de la nacionalidad española ni tiene porque afectar a todos los nuevos electores residentes en el extranjero. No obstante, mantiene la incertidumbre sobre la participación de parte de los nacionalizados por esta vía, mientras el censo exterior de Canarias sigue creciendo y refuerza los vínculos electorales del Archipiélago con los países que acogieron a su emigración.
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