Daniel Morales, exalcalde de Valverde, afronta 36 años de inhabilitación por prevaricar

Los hechos investigados ocurrieron en la Bajada de la Virgen de 2017 y los Carnavales | Servicios del ayuntamiento le avisaron de que era irregular

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Daniel Morales, exalcalde de Valverde./ Archivo
Daniel Morales, exalcalde de Valverde./ Archivo

El exalcalde de Valverde Daniel Morales (AHI) se enfrenta a 36 años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, pena que pide la Fiscalía al apreciar irregularidades en una serie de contrataciones de servicios para la Bajada de la Virgen de 2017 y los Carnavales.

Morales será juzgado los próximos 5 y 6 de julio en la capital herreña acusado de tres delitos de prevaricación administrativa por supuestamente no someter dichos contratos al procedimiento reglado (libertad de acceso, publicidad y transparencia) y levantar los reparos de los servicios de Intervención y Secretaría.

 

 

Absoluto desprecio a la legalidad 

En su escrito de calificación, el ministerio público considera que Morales actuó "con absoluto desprecio hacia la legalidad vigente" y también con "falta de previsión, al tratarse de fiestas de periodicidad lustral".

El exalcalde contrató mediante adjudicación directa diversos servicios de decoración de espacios públicos, orquestas, sonido e iluminación, y también de vigilancia y rescate en zonas de baño "a sabiendas de que de esta manera transgredía la legislación vigente en materia de contratación pública".

Estaba prevenido

En sus informes desfavorables, los servicios de Secretaría e Intervención hicieron constar sus objeciones por no seguir estas contrataciones el procedimiento legalmente establecido, incurrir en el fraccionamiento de los mismos y por la superación de los límites establecidos para los contratos menores.

Además, en lo que a los contratos de decoración se refiere, un técnico municipal advirtió de la necesidad de consultar al Cabildo de El Hierro al tener delegadas las competencias sobre determinadas vías en las que intervino el ayuntamiento, así como de contar con el permito de las viviendas afectadas por la colocación de algunos ornamentos.

En cuanto a los contratos de iluminación y sonido, los informes desfavorables hacían alusión a que al menos una de las empresas adjudicatarias no estaba al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

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