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Marco Antonio Navarro Tacoronte, una de las principales figuras de la trama 'Mediador'./ EFE-MIGUEL BARRETO

La denuncia falsa que destapó el 'caso Mediador' lleva a su autor al borde del juicio

El juez ve indicios de que Ángel Luis Pérez Peña mintió al acusar falsamente a Navarro Tacoronte y provocó su detención

El Juzgado número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha finalizado la instrucción del caso contra Ángel Luis Pérez Peña, exdirector general de Deportes del Cabildo de Tenerife, y lo ha dejado a un paso del juicio oral. El auto judicial considera que hay indicios suficientes de que incurrió en denuncia falsa, estafa y falso testimonio, cuando acusó a Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el Mediador, de usar su tarjeta bancaria sin permiso.

La denuncia inicial, presentada en diciembre de 2021, afirmaba que Navarro había realizado compras por 2.575 euros sin autorización. Sin embargo, las pruebas extraídas de los móviles de Navarro Tacoronte contradicen esa versión, demostrando, según el juez, que Pérez Peña consintió esos gastos y llegó incluso a validarlos con doble verificación.

Comisiones a empresarios

Los mismos dispositivos móviles han sido clave en el desarrollo del conocido caso Mediador, que investiga una presunta trama de cobro de comisiones a empresarios, en la que están implicados el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, el exdirector general de Ganadería Taishet Fuentes y un general retirado de la Guardia Civil.

Pese a que Navarro fue detenido a raíz de la denuncia de Pérez Peña, acabó siendo exonerado tras constatarse que los cargos fueron acordados con el exdirector insular, quien además ratificó falsamente su denuncia ante el juzgado en 2023 y amplió los importes denunciados.

Engaño a una financiera

El auto judicial también detalla que Pérez Peña engañó a una financiera para obtener un reembolso, afirmando que alguien desconocido había clonado su tarjeta. Para el juez, si la entidad hubiera conocido la verdad, no habría efectuado dicho reintegro.

La Fiscalía y las acusaciones deberán decidir ahora si solicitan la apertura de juicio y por qué delitos, en un procedimiento que podría derivar en una nueva derivada judicial del escándalo político más sonado en Canarias en los últimos años.