El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado por carta al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, del acuerdo para iniciar la modificación del Reglamento General de Costas, una reforma que permitirá a las comunidades con competencias transferidas aumentar su capacidad de decisión en esta materia.

La comunicación también ha sido remitida a la presidenta de Illes Balears, Marga Prohens, y al presidente en funciones de Andalucía, Juan Manuel Moreno. El cambio se impulsará a iniciativa del Ministerio de Política Territorial y del Ministerio para la Transición Ecológica.

Más capacidad de gestión

Según ha trasladado Torres, las nuevas medidas podrán aplicarse también a las comunidades autónomas que ya tienen transferidas las competencias de Costas, siempre que así lo decidan.

El objetivo es incorporar, en un plazo de tres meses, un nuevo mecanismo de cooperación dentro del proyecto de reforma reglamentaria. Esta modificación se aprobará mediante un Real Decreto en Consejo de Ministros.

Concesiones en dominio público

Uno de los puntos clave afecta a las concesiones demaniales, es decir, aquellas autorizaciones relacionadas con la ocupación o uso del dominio público marítimo-terrestre.

Con el nuevo sistema, la administración autonómica notificará al Estado cada solicitud en tramitación. A partir de ahí, la administración estatal tendrá un plazo máximo de dos meses para emitir por escrito su criterio sobre la garantía de la integridad física y el uso público del litoral.

Consultas si hay discrepancias

En caso de que exista discrepancia entre ambas administraciones, se abrirá un periodo de consultas para intentar alcanzar un acuerdo. Ese proceso tendrá una duración máxima de un mes.

La reforma busca, por tanto, establecer un marco más claro de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas con competencias en Costas, evitando bloqueos y ordenando la toma de decisiones.

Una comisión de seguimiento

Además, se creará una Comisión de Seguimiento del traspaso, con composición paritaria, para facilitar la cooperación entre administraciones.

Este órgano se encargará de promover la colaboración en la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre. También abordará los problemas de ejecución que puedan surgir y las posibles discrepancias relacionadas con esa gestión.

“Más autonomía”

Torres ha defendido que esta medida supone una nueva apuesta por la mejora del autogobierno. Según el ministro, responde a la idea del Gobierno de España de que más autonomía contribuye a una España mejor.