El Gobierno de España trabaja para que todos los menores migrantes que han solicitado asilo tras llegar a Canarias estén integrados en el sistema de protección internacional y cuenten con plaza de acogida antes del 21 de noviembre, fecha límite fijada por el Tribunal Supremo.
Fuentes del Ministerio de Política Territorial recordaron que ese viernes concluyen los 15 días “inaplazables” que el Supremo dio al Estado para proteger a esos menores y poner fin a la situación de hacinamiento en los centros canarios, que han llegado a acoger a casi 6.000 niños y adolescentes inmigrantes.
Avance en los traslados
Desde el primer auto del Supremo, el 25 de marzo, el tribunal estimó que el Estado debía hacerse cargo de un millar de menores que habían pedido asilo o refugio desde Canarias o cumplían las condiciones para hacerlo, como los procedentes de Mali.
Hasta la fecha, se han tramitado y resuelto 546 casos: 224 han sido trasladados a la península, 186 permanecen en el centro Canarias 50, en Las Palmas, y un centenar quedaron fuera de esta vía por haber alcanzado la mayoría de edad o por arraigo en las islas.
200 menores por reubicar
Quedan alrededor de 200 menores por reubicar, según las fuentes, que explican que la cifra inicial de un millar se ha rebajado al detectarse expedientes duplicados. El 21 de noviembre, el Gobierno deberá informar al Supremo de si ha cumplido con las medidas cautelares, lo que implica inscribir a todos los menores en el sistema y asignarles una plaza de acogida concreta.
Pese a los traslados, los niños y adolescentes seguirán bajo la tutela legal de Canarias hasta los 18 años, aunque residan en otras comunidades, ya que los autos del tribunal no modifican ese aspecto.
La Abogacía del Estado no espera que el Supremo entre en ese detalle al resolver el fondo del litigio, centrado en determinar si corresponde al Gobierno central cuidar de los menores solicitantes de asilo, como ya hace con los adultos. Por otra parte, la tutela legal sí se transfiere en los procedimientos de traslado derivados de la reforma de la Ley de Extranjería, tanto por la vía exprés para llegadas recientes como por la vía ordinaria para casos anteriores.
Retrasos y discrepancias
Sumando ambas vías, la Delegación del Gobierno en Canarias ha autorizado 141 traslados a otras comunidades, aunque el Ejecutivo autonómico sostiene que solo se han realizado 40. La ley fija un plazo máximo de cuatro meses para resolver la situación de las regiones declaradas en contingencia migratoria, como Canarias.
Ese plazo vence el 19 de marzo de 2026 y obliga a reubicar a unos 2.800 menores. Si se descuentan los casos de asilo resueltos, quedarían unos 2.000 por trasladar. Sin embargo, el Gobierno central advierte que Canarias solo ha enviado 407 expedientes de los necesarios.
Las mismas fuentes subrayan que varias comunidades autónomas han impugnado ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Extranjería y han pedido suspender algunos traslados. En todos los casos, los jueces han rechazado bloquear los movimientos, salvo uno que afectaba a un joven próximo a cumplir la mayoría de edad.