El Tribunal Supremo ha acordado reactivar la causa penal contra el actual senador Pedro San Ginés por los presuntos delitos de falso testimonio y denuncia falsa, en relación con unas declaraciones que realizó en 2009 cuando presidía el Cabildo de Lanzarote.
Según consta en el Auto fechado el 5 de mayo de 2025, dictado por el magistrado Vicente Magro Servet, instructor de la causa especial 21224/2023, existen “elementos bastantes para considerar provisionalmente al investigado Pedro San Ginés posible responsable de los hechos que revisten caracteres de delito” por los artículos 458.1 y 2 (falso testimonio) y 456 (denuncia falsa) del Código Penal.
La frase clave
En su resolución, el Tribunal destaca que San Ginés, “con ánimo de faltar a la verdad objetiva y con manifiesto desprecio hacia la misma”, compareció ante la Guardia Civil en 2009 para denunciar supuestas irregularidades en la contratación pública que atribuía a Antonio González Medina, empresario ya fallecido, y a la empresa Climafrical, de la que era administrador único.
Esta afirmación del Supremo, al hablar de ese “desprecio hacia la verdad objetiva”, es la que motiva el nuevo impulso procesal: el tribunal considera que no se trató de un error ni de una interpretación personal, sino de una imputación falsa deliberada y sostenida en el tiempo.
Denuncia que se vuelve en contra
San Ginés, además de la denuncia escrita, ratificó su versión en dos declaraciones judiciales en 2011 y 2019, siempre en calidad de testigo, donde volvió a implicar a González Medina. Esas diligencias derivadas de su denuncia se archivaron en 2019.
Fue entonces cuando Alexandra González Viera, hija del empresario afectado, presentó una querella contra el actual senador por denuncia falsa y falso testimonio, causa que acabó dando lugar a un juicio oral inicialmente abierto en 2022 en un juzgado penal.
De testigo a aforado investigado
Sin embargo, la condición de senador adquirida por San Ginés obligó a elevar la causa al Tribunal Supremo, que en enero de 2024 se declaró competente. Aunque inicialmente el proceso se archivó por falta de pruebas, los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía y la acusación particular lograron que la Sala de lo Penal revocara esa decisión.
Ahora, el alto tribunal ordena proseguir el procedimiento penal contra el senador y da un plazo de 10 días a las acusaciones para presentar su escrito o solicitar el sobreseimiento. También se permite pedir, de forma excepcional, nuevas diligencias complementarias.
El caso, que se arrastra desde hace más de una década, regresa con fuerza a la agenda judicial y política, dejando en una situación comprometida al parlamentario lanzaroteño. Aunque la resolución puede recurrirse, el Supremo ya ha dejado claro que la verdad fue, presuntamente, sacrificada con pleno conocimiento.